La sesión se ha iniciado con el análisis de la prueba documental, para inmediatamente dar trámite a las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, las Abogacías del Estado y de Balears, de Manos Limpias, de los concejales socialistas de València y de la Generalitat Valenciana -que en su caso únicamente ejercita la acción civil-.
Tras más de tres meses ausentes del juicio mientras se practicaba la prueba testifical -con la declaración de más de 300 personas- y pericial, la Infanta, su marido, Iñaki Urdangarin, y los demás acusados se han personado en las dependencias de la Escuela Balear de Administración Pública (Ebap), en el Polígono Son Rossinyol de la capital balear, donde se celebra la vista desde que arrancó el pasado 11 de enero.
Mientras, esta previsto que el próximo martes sean las defensas las que den a conocer sus conclusiones -también deberán acudir los acusados-. El tribunal ha fijado para el día 15 -miércoles- el trámite de informes, en el que no será necesario que estén presentes los procesados. Dependiendo de la duración de estos últimos, se dará paso al turno de la última palabra y, tras ello, el juicio quedará visto para sentencia -en torno al 30 de junio-.
Junto a la Infanta y su marido también se encuentran acusados el exsocio de éste, Diego Torres, el expresidente del Govern Jaume Matas, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, la mujer de Torres y otros numerosos exaltos cargos de Balears, Comunitat Valenciana y Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción reclama más de cien años de cárcel para catorce de los acusados, 19 y medio de ellos para el marido de la Infanta y 16 y medio para Torres, a raíz del presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos de los que se habrían apoderado ambos exsocios a través de una compleja maraña de empresas ficticias con el Instituto Nóos como epicentro de la trama.
Manos limpias, única acusación que pide pena de cárcel para la infanta
Por su parte, la hermana del Rey Felipe VI se enfrenta a una petición de ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, una solicitud que formula el sindicato Manos Limpias, única acusación del proceso que ejerce acciones penales contra Cristina de Borbón.
La entidad considera que el papel de la Infanta fue imprescindible para que su marido defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008 a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon, y que constituía una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial urdido por Urdangarin y su exsocio.
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