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Tres años de cárcel por apropiarse de fondos de dos constructores

Los empresarios, que querían explotar el club «El Caballo Blanco», deberán además ser indemnizados

El juicio se aplazó en dos ocasiones por la ausencia de algunos de los implicados. Imagen de archivo de una de las sesiones de la sala de la Audiencia Provincial.

05/01/15 0:00

Los empresarios de la construcción que intentaron explotar el club de alterne «El Caballo Blanco», hermanos y administradores de la mercantil Obres González Martínez, S.L., deberán ser indemnizados con 162.000 euros, la cantidad que entregaron en pagarés a Jaime Luis E.S. para una operación que nunca llegó a realizarse. La sala de la Audiencia Provincial que juzgó el caso condena además al intermediario a tres años de prisión y a una multa de nueve meses a razón de una cuota diaria de seis euros.

El tribunal considera probado que el destino del dinero que entregaron los querellantes al acusado tenía como fin pagar el traspaso, el arrendamiento, la reforma, el acondicionamiento y la explotación conjunta del local de Es Migjorn Gran. Sin embargo, Jaime Luis E.S. «destinó el dinero a fines propios», excepto una cantidad de 12.000 euros que fue entregada al propietario del club quien, en su testimonio, declaró que obraban en su poder ya que nadie los había reclamado pese a que el negocio no cuajó.

En total fueron 174.000 euros los entregados por los constructores y que perdieron en el intento de hacerse con la explotación de «El Caballo Blanco», un caso sonado ya que el juicio tuvo que suspenderse en dos ocasiones por la ausencia de algunos de los implicados. También porque en la vista se contó con el testimonio del entonces alcalde de Ciutadella, José María de Sintas, ya que cuando sucedieron los hechos en 2007 trabajaba en Sa Nostra y gestionó el primer pagaré a uno de los acusados, Daniel H., quien finalmente ha sido absuelto por el tribunal.

La razón es que se le considera «un mero instrumento» en manos de Jaime Luis E.S. ya que era su suegro y confiaba en él «ciegamente». La indemnización impuesta es de 162.000 euros, la cantidad «apropiada y distraída en su beneficio» por el condenado y en perjuicio de los constructores. Los 12.000 euros restantes tienen reflejo en la responsabilidad civil.

La sala descarta así la versión de la defensa, que argumentó que los constructores emitieron 'pagarés pelota' para obtener liquidez debido a que atravesaban dificultades económicas.