VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)
Ecologistas en Acción y la Plataforma Anticementerio Nuclear 'Tierra de Campos Viva' han presentado este miércoles sendos recursos contencioso-administrativos contra las candidaturas de las localidades vallisoletanas de Melgar de Arriba y Santervás de Campos para acoger la instalación de depósito de residuos.
El abogado de la agrupación ecologista Luis Oviedo, y el coordinador de EA en Castilla y León, Pedro Luis Santamaría, han explicado que estas medidas se dirigen a "no dejar pasar" los errores que cometieron los alcaldes de los municipios en la convocatoria de los plenos en los que se acordó la presentación de las candidaturas para eliminar a ambos de la carrera por el ATC.
Según explica Luis Oviedo, ambas solicitudes incumplen varias leyes y, además, la convocatoria al Pleno de Melgar de Arriba excluyó al Concejal que hubiera votado en contra, ya que consideran que no se le convocó en tiempo y forma para la celebración del plenario que además tenía un carácter de urgencia que "no se justificó".
Una vez interpuestos los recursos contencioso-administrativos contra los acuerdos adoptados por los plenos de los dos consistorios y admitidos a trámite los mismos, los ecologistas mostraron su optimismo y recalcaron que tienen "serias posibilidades" de prosperar y concluir con la invalidación de las candidaturas.
El coordinador regional de EA insistió en que la oposición al proyecto del ATC es "prioritaria" para la formación tanto en Castilla y León como en toda España, para evitar que el proyecto se ponga en marcha de cualquier manera. De hecho, en la Comunidad, la agrupación ecologista cuenta con dos personas contratadas para dedicarse exclusivamente a este asunto.
Como recordó Santamaría, la creación de un ATC está "estrechamente ligada" con la pervivencia de las centrales nucleares españolas pues consideró que mientras éstas sigan en funcionamiento "habrá que endosar a alguien los residuos". También puntualizó que el proyecto del almacén se configura con carácter "modular", por lo que su capacidad puede aumentar con el tiempo.
El caso de Melgar de Arriba es en el que más insistencia pusieron, por el momento, los ecologistas, pues a los elementos comunes a ambos municipios, se une que la convocatoria a pleno "no se comunicó a uno de los concejales, que curiosamente había manifestado verbalmente su oposición cuando el municipo vecino Santervás de Campos hizo pública su candidatura".
ERRORES MATERIALES.
Según Oviedo, el edil fue excluido "intencionadamente" del pleno en el que se aprobó la candidatura, el pasado 29 de enero a las 8.30 horas. Por ello, se ha impugnado formalmente dicha sesión pues en el escrito de solicitud de la candidatura no figura la firma del edil referido y además hay correcciones a mano de la fecha, pues en el acta figura el 27 de enero, día en el que según el representante ecologista ni siquiera se había convocado el Pleno.
También negó que el intento de avisar mediante llamada telefónica que aludió en su momento el regidor de Melgar, Óscar Fernández, fuera suficiente para cumplir la normativa. Igualmente, explicó que el Pleno se convocó con carácter de urgencia sin justificar los motivos.
En cuanto a las causas comunes que incluyen en los recursos, Oviedo citó que ambos municipios tomaron su acuerdo "en el último momento, sin posibilidad de debate social, ni de información pública", lo que incumple el Convenio Aarhus y la Ley 27/06, de 18 de julio. Además, consideran se han llevado adelante las candidaturas sin Estudio de Impacto Ambiental previo, ninguno de los municipios dispone de terrenos calificados como "suelo industrial" necesario para instalar el ATC y ambos tienen más del 50 por ciento de su territorio calificado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
También explicaron que, en el caso de que los plenos impugnados fueran declarados nulos por el Juzgado Contencioso Administrativo, la consecuencia directa sería la anulación de la propia candidatura, con lo que afectaría directamente a una decisión del Ministerio de Industria favorable a cualquiera de las dos, y anularía también la decisión final de ubicación del ATC en cualquiera de estos dos municipios vallisoletanos.
No obstante, apuntaron que en el hipotético caso de que no prosperen las acciones de EA y que Industria elija uno de los dos pueblos vallisoletanos, los ecologistas recurrirían la orden ministerial. Luis Oviedo puntualizó que baraja que los trámites se extiendan al menos durante dos años y medio o tres a partir de que este verano se conozca la ubicación del ATC.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
De momento no hay comentarios.