Aunque Es Mercadal está atado al viejo sistema hasta 2027 explora empezar a introducir cambios. | Archivo

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La experiencia es un grado y los ejemplos de Maó y Es Castell, que se han convertido en conejillos de indias con la puesta en marcha pionera en la Isla del sistema puerta a puerta, han servido para que tanto el Consorci de Residus i Energia como el resto de ayuntamientos tomen buena nota. Las conversaciones se han intensificado en los últimos meses, con las sanciones de la UE por incumplir con los objetivos de reciclaje de los residuos en origen como telón de fondo.

Hay consenso en la necesidad imperiosa de elevar los porcentajes de separación, todavía muy alejados del 50 por ciento que la normativa establecía para 2020, y el objetivo que se plantea es la implantación de soluciones mixtas, que permitan aplicar el sistema puerta a puerta en las zonas donde se ha demostrado viable y recurrir a las áreas controladas de contenedores en puntos más poblados, en los que el modelo de cubos resulte problemático.

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Todavía está por definir las zonas de servicio en que se dividirá la Isla en los nuevos contratos de recogida de basura. Lo que hasta la fecha parece más lógico es que Sant Lluís se sume en su momento a la zona este, Ciutadella conforme una única zona y luego se lleve a cabo una contratación para la zona centro. Los plazos que se manejan apuntan al otoño del año 2027, cuando habrán concluido la mayoría de los contratos y ya habrán pasado las elecciones. A nadie se le escapa que, como ocurrió en Maó y Es Castell, ningún equipo de gobierno quiere asumir la polémica del cambio en el sistema de recogida antes de un periodo electoral.

Medidas

Incluso los municipios que se han atado a un nuevo contrato que no contempla cambios en el sistema de recogida, como el de Es Mercadal, se está planteando avanzar ya en experiencias piloto que permitan reducir el porcentaje de residuos que llegan mezclados al Área de Gestión de Residuos de Milà, así como los comportamientos incívicos que obligan a un sobreesfuerzo para eliminar residuos voluminosos de la vía pública. En ese sentido, el alcalde del municipio, Joan Palliser, explicó en la última sesión plenaria que se está analizando la posibilidad de instalar áreas vigiladas de contenedores en algunos puntos conflictivos del municipio.   

El apunte

Preocupación entre los ayuntamientos por las sanciones de la Unión Europea

La más que probable imposición de sanciones a los ayuntamientos menorquines por no cumplir con los objetivos de separación en origen que marca la normativa europea genera preocupación en los consistorios. En los plenos municipales que se han celebrado esta semana se ha abordado el tema. Todo el mundo es consciente de que las cantidades a pagar –que se irán reiterando cada seis meses hasta alcanzar el 50 por ciento de separación que se exigía para 2020– supondrán un golpe a las arcas públicas que se tendrá que repercutir en la ciudadanía, como, por otra parte, también obliga la normativa.