Vista aérea de una zona de 'hortals' de Menorca. | Archivo

TW
20

El GOB rechaza la pretensión de la Asssociació d’Hortals de Menorca de que la administración dé más facilidades a los propietarios que quieran acogerse a la legalización extraordinaria abierta por el Govern, bien sea mediante la creación de una oficina pública para ayudarles a hacer los trámites, o mediante la redacción con dinero público de los planes especiales de los núcleos que se acojan al proceso de legalización previsto en el Plan Territorial Insular.

«Esta es probablemente la operación de especulación urbanística más grande que se ha planteado en Menorca», apunta el GOB en un comunicado que destaca por un tono más contundente de lo habitual: «Una casa enorme en suelo rústico tiene un precio muy diferente en base a si es o no legal, un premio de miles o millones de euros a quien ha tomado el pelo al resto de la sociedad».

Los ecologistas recuerdan que dentro de los denominados núcleos de ‘hortals’ se pueden ver casas de 400 metros cuadrados con piscina «y todo tipo de lujos». Unas edificaciones que se han hecho sin licencia ni pagar impuestos «que ahora se quieren presentar como si fueran construcciones humildes e imprescindibles».

Noticias relacionadas

Operación especulativa

La regularización extraordinaria abierta por el Govern supone, a juicio del GOB, «la operación de especulación urbanística más grande que se ha planteado en Menorca». Esta política territorial, añaden, supone «una operación de blanqueo de imagen» e «incita las infracciones» en vez de combatirlas.

El grupo ecologista recuerda que el Plan Territorial Insular permite desde 2003 la legalización de los núcleos rurales siempre que las casas no excedan los 90 metros cuadrados, una dimensión que comparan con la de gran parte de las viviendas en suelo urbano: «Que te permitan legalizar una obra así en el campo ya es de una gran generosidad social», señala.

«Los que tienen grandes construcciones pretenden que se les legalicen centenares de metros y desde hace dos años vivimos una escenificación vergonzosa donde los poderes públicos del Govern y el Consell de Menorca trabajan para premiar a estos infractores». Una «deshonrosa actuación pública» de la que citan ejemplos como la supresión de la Comisión Balear de Medio Ambiente y de la Oficina Anticorrupción.