Imagen de uno de los depósitos de Aigües Cala Blanca. | Josep Bagur Gomila

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La empresa Aigües Cala Blanca SL ha informado a sus 700 abonados en Sa Caleta, Santandria y el polígono C de Cala Blanca, una zona residencial en las inmediaciones de la playa, que el agua que les sirve está contaminada por nitratos y no es apta para el consumo humano.

Los cuatro pozos que abastecen a los tres núcleos de la costa sur de Ciutadella presentan niveles de nitratos comprendidos entre los 60 y los 70 miligramos por litro, muy por encima del nivel máximo de 50 mg/litro que marcan la actual normativa sanitaria y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante ello, la empresa ha enviado una carta informativa a los chalés, negocios y complejos turísticos de estas zonas para recomendarles que no utilicen el agua de la red ni para beber ni, tampoco, para cocinar. Sí se puede usar, por contra, para limpiar alimentos, para la higiene personal y para limpiar la ropa y los utensilios de cocina.

La concesionaria ha seguido en este sentido lo dispuesto en el Real Decreto 3/2023 que fija los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro y que obliga a informar a la población afectada de cualquier situación que pueda poner en riesgo la salud humana.

Aigües Cala Blanca asegura en el comunicado que viene insistiendo desde 2017 al Ayuntamiento de Ciutadella para que inyecte agua desalinizada en sus instalaciones y así diluir la presencia de nitratos y cloruros que garanticen que el agua vuelva a ser potable. Para ello es necesario, según el Abaqua, acordar un convenio que permita servir agua de la planta desalinizadora de Rafal Amagat.

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Pero la falta de respuesta de la administración ha llevado a la empresa a comunicar que desea dejar de prestar el servicio, que reconoce que es «deficiente», y lo ha puesto a disposición del Ayuntamiento para que asuma directamente el abastecimiento de estos núcleos. La petición, formalizada por vez primera hace dos años, fue reiterada el 31 de julio, tras una reunión con el nuevo alcalde Llorenç Ferrer, sin que le conste que hasta la fecha se haya tomado una decisión en este sentido.

La empresa anuncia a los usuarios que «no cesará en el empeño de ofrecer un servicio de calidad» y que continuará insistiendo al Ayuntamiento, «como administración legalmente responsable», para que se encargue de abastecerles de agua potable.

El gobierno municipal dice estar trabajando en la solución que, anuncia, dará a conocer a lo largo de esta semana. También se reunirá con el gerente de Aigües Cala Blanca, Sam Moll, para abordar la situación y buscar soluciones.

A principios de julio, antes del cambio de gobierno, la entonces alcaldesa Juana Mari Pons ya rechazó la posibilidad de comprar desde el Ayuntamiento los pozos no potables de Cala Blanca, alegando que las instalaciones están obsoletas y las tuberías se encuentran en mal estado.

Según Pons Torres, la empresa pidió en su día 550.000 euros por toda la infraestructura, cifra que rebajó en 2022 hasta los 210.000 euros.

El apunte

«Que Ciutadella asuma directamente el servicio, nosotros arrojamos la toalla»

El gerente de Aigües Cala Blanca, Sam Moll, dijo este lunes que el aviso a los abonados supone «un acto de transparencia y de cumplimiento de la normativa sanitaria. La situación del agua ha empeorado y, por nuestra parte, ya no queremos seguir. Arrojamos la toalla. A partir de ahora debe ser el Ayuntamiento el que se haga cargo del servicio».

Moll asegura que «no corresponde a la empresa proponer las soluciones, pues no queremos sacar provecho de la situación. Este no es el problema, sino que el agua no es potable, lo venimos avisando desde hace tiempo y el Ayuntamiento debe tomar una determinación».

Los vecinos, alertados, recurren a la compra de agua embotellada en los supermercados, aunque son varios los que han instalado equipos de ósmosis en sus casas para garantizarse un agua de calidad.

No es la primera vez que Aigües de Cala Blanca llama la atención sobre el problema. Hace medio año ya advirtió públicamente que el agua no era óptima, lo que llevó al Seprona a tomar declaración como testigo a su gerente, Sam Moll. Esta diligencia fue incorporada a la investigación que llevaba a cabo la Guardia Civil por un presunto delito contra el medio ambiente y la salud públca que este verano ha tenido entrada en el juzgado. Están imputados la entonces concejal de Aguas, Noemí Camps, y el ingeniero municipal, Joan Moll.