El mes pasado, la movilización frente al número 200 del Camí de Maó de una treintena de personas, por la llamada de la Plataforma Menorca per un Habitatge Digne y CGT Menorca, logró frenar el desahucio de Sisca Riutort y su sobrino, con un 71 por ciento de discapacidad. En ese momento, con la presencia del secretario judicial y miembros de la Policía Nacional, se acordó aplazar el desalojo durante un mes, para intentar reconducir la situación. Sin embargo, como exponía este lunes el abogado de la familia, Francesc Marquès, en realidad «la propiedad no quería negociar».
Al Tribunal Constitucional
Marquès ganó tiempo presentando un recurso de amparo frente al Tribunal Constitucional, lo que frenó en el juzgado el señalamiento de nueva fecha para el desahucio. Esto retrasó el proceso unas semanas, aunque finalmente el recurso ha sido inadmitido a trámite.
En este impás y después de mucho tiempo buscando otro piso, la familia ha logrado por fin encontrar una alternativa. «Ya hemos hecho el traslado, pero me siguen cobrando el viejo alquiler», asegura Riutort, quien en el camino ha perdido 10.600 euros que le reclamó la empresa titular del inmueble que abandonan. «Fui tonta al pagar», lamenta la afectada, sobre esta cantidad que le reclamaron al solicitar a la propiedad que hicieran mejoras para garantizar la seguridad y la salubridad de la vivienda. «A partir de entonces, fueron a por mi», concluye Riutort.
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