Imagen de una zona de 'hortals' de Ciutadella. | Josep Bagur Gomila

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El GOB ha pedido al Consell de Menorca que anule la licencia turística a los numerosos hortals que pese a estar fuera de ordenación cuentan con el permiso para el alquiler turístico, tal y como avanzó en su día este diario. La agrupación ecologista cuantifica en 53 edificaciones que no tienen reconocida su legalidad urbanística y que constan como dados de alta por el Consell para el alquiler turístico.

La entidad conservacionista cree que esta situación es «frontalmente contraria a la Ley», por lo que solicita «la revisión de oficio, entendiendo que se trataría de licencias turísticas nulas de pleno derecho, o de declaraciones responsables que no observan el cumplimiento de la legislación vigente». En este sentido, asegura que «la Ley de Procedimiento Administrativo establece que serán nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico», entendiendo «no disponían ni disponen de los requisitos esenciales para la adquisición de esta facultad» y que de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 8/2012 de Turismo de Balears «deben ser revisados, clausurados y sancionados».

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Multas

Así, el GOB no solo pide que se anulen las licencias, sino que se les multe. Avisa que la administración turística está obligada por ley a «imponer la obligación al responsable de restituir la situación jurídica al momento previo al desarrollo o ejercicio de la actividad y abrir la instrucción del procedimiento sancionador». En este sentido, asegura que «la Ley de Turismo es clara. Establece que debe considerarse infracción por cambio de uso, entre otros, dar de alta la edificación como vivienda destinada a estancias turísticas de acuerdo con la normativa turística, sin que la vivienda disponga del título urbanístico preceptivo que la habilite para su uso».

Con todo, la agrupación ecologista insta a «reducir la burbuja turística» a partir de medidas concretas, empezando por acabar con la oferta ilegal del alquiler turístico. Asegura que esta cincuentena de casos se añaden a los más de 20 alojamientos en rústico denunciados ante el Consell por ofertarse turísticamente sin la correspondiente licencia.