El Tribunal de Cuentas reclama 66.000 euros a la exalcaldesa de Ciutadella Joana Gomila

Joana Gomila ha tenido que avalar con su patrimonio personal los 65.976,71 euros que se le reclaman como consecuencia de las resoluciones del 20 de marzo, en las que el tribunal le requería que «reintegre en depósito, afiance o avale con su patrimonio» las cantidades en cuestión. En caso contrario, le apercibía con embargar preventivamente sus bienes, según lo previsto en la ley de 1988 que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

El órgano supremo de España en la fiscalización de las cuentas del sector público acusa a la exalcaldesa de no haber solicitado la devolución de los 55.228,92 euros (intereses incluidos) que el gobierno de Llorenç Brondo (PP) convenió en el año 2006 con el Penya Ciutadella Esportiva para la construcción de las gradas y los vestuarios del estadio de Son Marçal, así como los 10.747,79 euros aportados en la misma época al Club Hípic Ciutadella para llevar a cabo la mejora de sus infraestructuras.

El Club Hípic se benefició de una subvención nominativa directa, mientras que el acuerdo con el Penya se otorgó por razones de interés público y social. En cualquier caso, los acuerdos con ambas entidades deportivas son anteriores a la etapa de Joana Gomila como alcaldesa.

Pese a ello, el procedimiento se sigue ya solo en su contra, pues las actuaciones iniciadas por idéntico motivo contra el Ayuntamiento se habrían archivado.

El Tribunal de Cuentas pretende que Joana Gomila resarza el presunto daño causado a los fondos públicos municipales cuando, en realidad, el propio Ayuntamiento ha escrito al órgano jurisdiccional para decirle que no se siente perjudicado por el acuerdo. Pese a no haberse tramitado como correspondería, el convenio ha permitido efectivamente construir las gradas del estadio municipal de Son Marçal.

Gomila ha interpuesto un recurso contra la decisión, que deberá resolver la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas antes de que el proceso siga adelante.

En fase de instrucción

Portavoces del Tribunal de Cuentas han informado a este diario que el caso se encuentra actualmente en la fase de actuaciones previas de la jurisdicción contable. Es un trámite de instrucción anterior a la apertura del procedimiento de reintegro por alcance y que obliga a Joana Gomila a avalar con parte de su patrimonio la cantidad que se le reclama.

El consejero de la sección de Enjuiciamiento que ha analizado el expediente ha desechado la opción de archivar el caso y lo ha pasado al delegado instructor, que en estas situaciones acostumbra a fijar una fianza o dictar un embargo preventivo de bienes.

El reintegro contable por alcance es un proceso jurisdiccional del Tribunal de Cuentas para dilucidar, en primera instancia, la responsabilidad de las personas que tienen a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos cuando se detecta un saldo deudor injustificado o    no se han podido acreditar las cuentas.

La jurisdicción del Tribunal de Cuentas carece de carácter sancionador y tan solo busca resarcir el presunto daño causado a los fondos públicos, aunque es compatible con la vía penal.

Errores y falta de personal

En el pliego de alegaciones que presentó en 2019 contra el informe de la Sindicatura de Cuentas de Balears que cuestionó las subvenciones, la entonces alcaldesa se escudó en la «falta de personal» y dijo estar trabajando en la subsanación de las deficiencias de los expedientes de subvención, «porque somos conscientes de las carencias y errores que se han cometido en el pasado en su tramitación».

Joana Gomila fue concejala de Hacienda entre 2009 y 2011 y alcaldesa de 2015 a 2023. Hace un año que es diputada autonómica.