Así se desprende del auto de la magistrada, de 161 páginas, que también incluye la investigación sobre el concurso en el que se benefició al Club Náutico de Eivissa. Ahora, la jueza inicia el trámite para juzgar a 17 personas, entre ellas al expresidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB), Joan Gual de Torrella, quien pudiera haber cometido los delitos de prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias y cohecho.
La jueza también apunta hacia el entonces director de la APB, Juan Carlos Plaza, y la jefa de la Abogacía del Estado en Balears y asesora de la APB, Dolores Ripoll, quienes junto a Gual de Torrella «se concertaron entre sí y con el particular beneficiado» para amañar los dos concursos.
En el caso de Menorca, la jueza considera que también contaron con la colaboración del delegado en la Isla de la APB, Vicent Fullana, y de los técnicos de la APB Armando Parada y Fernando Berenguer.
Según la jueza, «todos ellos actuaron en su condición de funcionarios públicos, cada uno dentro de las funciones que le eran propias, en aras de beneficiar injustamente al particular que resultó adjudicatario de la explotación del dominio público portuario», que en el caso de Menorca fue la entidad Marina Asmen SL, creada expresamente para concurrir a dicho concurso.
En este sentido, la magistrada señala que la empresa fue partícipe del amaño a través de su Consejo de Administración, del que formaban parte los representantes legales de las empresas que integraban la nueva sociedad. Por ello, se mantiene la imputación a Justo Saura, actual presidente de la patronal PIME-Menorca, el cual se considera que lideró las negociaciones con los responsables de la APB para que el concurso se adjudicara a las empresas menorquinas, y al que se atribuyen hechos constitutivos de un delito de prevaricación administrativa en la modalidad de inductor y cooperador necesario.
El auto también mantiene como investigados a Benito Reynés (Ciclos Reynés), Javier Mas (Menorca Nautic), Marc Pons Pérez (Pedro’s Boat Center) y Basilio Sastre (Nautic Center Menorca), puesto que en su calidad de representantes de las empresas que formaban parte de Asmen eran conocedores de las negociaciones y las consintieron.
Confección de los pliegos
El auto señala que los investigados confeccionaron, «deliberadamente y con ánimo de poder controlar la resolución del concurso», unos pliegos con criterios poco definidos, y los negociaron con la empresa que finalmente resultó adjudicataria, que contaba con información privilegiada acerca de los aspectos que se iban a valorar y que no se explicitaban en las bases del concurso.
Además, la jueza considera que después de manipular la redacción de los pliegos, el concurso finalmente se adjudicó a Marina Asmen sin que la empresa contara con la mayor puntuación, para lo cual la Comisión Técnica, integrada por el director Juan Carlos Plaza y los técnicos Armando Parada, Fernando Berenguer y Vicent Fullana, redactó un informe que proponía a Asmen como la mejor oferta, introduciendo criterios de puntuación que no formaban parte de los pliegos.
Consejo extraordinario
El auto de la jueza Martina Mora también detalla lo que ocurrió en el Consejo de Administración de la APB que debía aprobar el ganador del concurso a propuesta de la mencionada Comisión Técnica, y que tuvo lugar el 25 de abril de 2018. Durante la celebración de la sesión, dos vocales del Estado, Enrique Braquehais (abogado del Estado que ocupaba el cargo de vocal por el Estado) y Jesús Gesé (ingeniero de Puertos del Estado que ocupaba el cargo de vocal por el Estado), se mostraron en desacuerdo con el informe de la Comisión Técnica, por entender que recogía criterios de valoración no incluidos en los pliegos del concurso, y anunciaron su voto en contra. Asimismo, la jueza refiere que en ese momento el Consejo se quedó sin cuórum suficiente, al abandonar la sala diversos vocales sin delegar el voto, por lo que no se pudo aprobar este punto del orden del día, dando lugar a una situación totalmente inédita.
Posteriormente, y a pesar del anunciado voto en contra de los dos vocales del Estado, Gual de Torrella convocó una sesión extraordinaria del Consejo de Administración para el 7 de mayo, en la que comparecieron los miembros de la Comisión Técnica para justificar su «informe arbitrario» a favor de Asmen. En este punto, la jueza remarca que no consta «ningún precedente de una actuación similar».
También intervino la abogada del Estado, Dolores Ripoll, que realizó un informe verbal que fue determinante para que la mayoría de miembros del Consejo votaran a favor de la propuesta.
El apunte
La magistrada descarta el soborno pero aprecia un interés político
14 comentarios
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Las heces que flotan en todo el puerto de Mahon salen de los aliviaderos del ayuntamiento. Hay uno en la colarsega, otro en Gin Xoriguer, otro en club maritimo. El ayuntamiento no hace nada. Autoridad portuaria no hace nada. La mierda flota por el puerto de Mahon. Y así nos va. Incompetencia de politicos.
Es as ándalos o el comportamiento de los gerifaltes de la APB y contrario a los intereses de los legítimos dueños del Port de Mahón, los menorquines
algo parecido pasará dentro 500 días con otra futura concesión pública ...
Es barbullotCon una foto no se demuestra porque solo ves heces flotando y te pueden decir que es de cualquier barco. Quien tiene que denunciar es la marina, que lo sabe de sobras. Pero no hace nada. Lo único es que se pasee por ahí alguien de Autoridad Portuaria cuando limpian los barcos y el tema salta a la vista y al olfato.
Presidente de PIME, dimisión inmediata
Lo de cada any, cada any hi ha amaños. Cada any sa mateixa historia. Si no sa posat solucio sera per algo, interessos.
Nooo, no m'ho crec, aquestes coses no passen a Espanya.
Autoritat Porc tuaria de Balears
Sgt. Pepper’sPués si es así, foto y denuncia.
Bienvenidos a Menorca, tierra de chanchullos, enchufes, amiguetes y padrinos. Si empiezo a contar me salen unos cuantos a mi tambien.