Los cuatro chalés de lujo están en la calle Turó de s’Arenal, en Coves Noves y se acabaron de construir hace dos años | Gemma Andreu

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Cuatro chalés de lujo construidos en un complejo de la urbanización de Coves Noves, en la calle Turó de s'Arenal, junto al Arenal d'en Castell, fueron ocupados ilegalmente el pasado domingo por la mañana por varias personas que, según todos los indicios, habían residido con anterioridad también como okupas en el complejo de Ses Canaletes, de Son Parc, el foco principal de ocupación ilegal en la Isla desde hace varios años.

El nuevo allanamiento ha puesto de manifiesto la indefensión de los responsables de la propiedad que actuaron con la máxima celeridad que pudieron cuando tuvieron conocimiento de que las cuatro casas habían sido violentadas forzando las puertas de entrada, pero ni aún así pudieron impedir que consumaran el allanamiento.

La indignación, además, se ha visto incrementada al comprobar como una de las mujeres que ha tomado posesión de una de cuatro viviendas alardea sin complejos de «su nueva casa» en un vídeo viralizado que ha colgado en redes sociales.

Vecinos que vieron la llegada de la primera familia, con menores de edad, colchones y cajas con sus pertenencias fueron los primeros en contactar con la Policía Local de Es Mercadal el mismo domingo, poco después de las 10 de la mañana. El cuerpo policial del municipio desplazó a sus dos agentes disponibles que llamaron a la puerta de los inmuebles y pidieron la identificación de un total de 8 personas en varias de las casas ocupadas. Los moradores les respondieron que se habían instalado en los chalés por necesidad desde hacía cuatro días, con lo cual burlaban la posibilidad legal de que puedan ser desalojados directamente durante las primeras 48 horas.

Representantes de la propiedad aseguran que cuando algunos de sus empleados de jardinería y mantenimiento estaban en el entorno de las casas ese mismo domingo los okupas les grabaron con sus teléfonos móviles «diciéndoles que les iban a denunciar por acoso» si no se marchaban.

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Los propietarios aducen que la actuación «tibia» de la Policía Local «hizo un efecto llamada porque una hora después comenzaron a llegar más coches, uno familiar y otro de alta gama, y se metieron más personas en las otras casas con sus bártulos». Los agentes les indicaron que acudieran a la Guardia Civil para interponer la denuncia porque ellos no eran competentes para actuar en este caso.

La Benemérita no pudo acudir en la primera llamada porque sus efectivos estaban atendiendo otro servicio pero sí lo hicieron más tarde y, por la noche registraron la denuncia que interpuso Luisa García, en representación de la sociedad propietaria de los inmuebles.

Las cuatro viviendas pertenecen a la sociedad GG 2015 Coves Noves, SL. La construcción corrió a cargo de la empresa Antonio Gomila SA en 2021 y se terminaron hace aproximadamente dos años, aunque permanecen sin suministro de agua ni luz, confirmaron este martes sus representantes.

Los cuatro chalés de lujo aparecen a la venta en varios portales inmobiliarios al precio de 670.000 euros, y en alquiler por 2.000 mensuales. Tienen 160 metros construidos en parcelas de 800 metros cuadrados. Disponen de jardín privado y piscina comunitaria. En el mismo complejo hay otros seis chalés, cuatro de los cuales ya están vendidos, todos ellos con piscina individual.

De dos a tres meses

Ahora el trámite judicial permitirá, muy probablemente, que la ocupación ilegal se mantenga al menos durante dos meses o un máximo de tres, si la denuncia se ha hecho por la vía penal hasta que se celebre el juicio rápido y el juez dicte sentencia. Hasta ese dictamen judicial podrán permanecer en las casas que han ocupado, con el atenuante de que viven menores con ellos. Si los okupas acuden a la vista oral y disponen de un abogado contratado o de oficio, aunque recurran a un probable fallo que les condene a salir, deberán hacerlo de inmediato, independientemente de la tramitación del recurso.

La propiedad asegura que los chalés no tienen luz ni tampoco agua, pese a que podrían haberla conseguido conectar a través de la red de la urbanización. «Ya hemos avisado a todas las compañías suministradoras de lo que ha sucedido, y si logran conectarse estarán cometiendo otro delito», indica la representante de GG 2015 Coves Noves.