A raíz del accidente mortal de 2014, se pintaron sendas líneas rojas en el suelo de Es Pla para marcar el espacio por el que deben correr los caballos. Los voluntarios ayudan a abrir paso y a que se respete.

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Ciutadella dispondrá este Sant Joan de más medios y recursos para avanzar aún más en la seguridad de las fiestas. A las ocho cámaras que se instalarán en lugares estratégicos del casco antiguo y a los 400.000 euros reservados por el Ayuntamiento en los presupuestos, añadirá otros 100.000 euros que ha comprometido el Govern balear para mejorar la comunicación a todos los niveles.

Sin posibilidad legal de limitar la afluencia de visitantes, la alcaldesa Juana Mari Pons anuncia que se centrarán los esfuerzos en «lograr que quien venga lo haga bien informado de los peligros que entraña Sant Joan». Para ello, sugiere la oportunidad de recurrir a imágenes de impacto para impulsar campañas que atajen el descontrol que, por ejemplo, se suscita en las carotes, «que paran los Jocs y generan tanto tumulto que hay riesgo de asfixia».

También se ampliará el Centro de Coordinación (CECOPAL) ubicado en la Prefectura de la Policía para disponer de espacio suficiente que permita visionar todas las imágenes y garantizar así una respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

Las fiestas movilizarán a más de medio millar de efectivos, entre ellos 150 policías locales, 35 agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, 90 voluntarios de Cruz Roja, 65 de Protección Civil y 40 de Sant Joan, 45 agentes de seguridad privada, 40 controladores y ocho miembros de emergencias, además de sanitarios del 061, bomberos y guardias civiles. Más de 320 permanecerán activos en los Jocs des Pla, el acto más concurrido y de mayor peligro.

Tanto el acceso a los Jocs como al Caragol des Born y el Primer Toc seguirán siendo regulados mediante filtros policiales, ya que la Dirección General de Emergencias desaconseja el sistema de pulseras que la alcaldesa había vuelto a poner sobre la mesa de la junta de seguridad.

El informe elaborado por el jefe del Servicio de Autoprotección lo considera «un sistema adecuado para aforos más reducidos, como el de la Tomatina o el Firó de Sóller, pero no en Ciutadella, donde tienen que acceder 20.000 personas en solo una hora», revela la alcaldesa. «Emergencias cree que puede ser más un problema que una solución y que no es compatible, sobre todo cuando entra toda la gente que acompaña a los caballos». Así que el Ayuntamiento deberá idear otras iniciativas, «hasta de Inteligencia Artificial», para mejorar el actual funcionamiento de los filtros e «intentar que no quede fuera tanta gente de Ciutadella».

El jefe de Policía, Diego Pastrana, quien asistió recientemente a la feria de seguridad (SICUR) en Madrid, se muestra partidario del sistema que «dé más seguridad y, a la vez, no perjudique a la fiesta», lo que los responsables municipales creen estar ya consiguiendo.

Este próximo 24 de junio se cumplirán diez años del último accidente mortal en los Jocs des Pla. Un antes y un después en las fiestas de Sant Joan que, desde entonces, se han dotado del Plan Director y el Plan de Autoprotección que la ley obliga para todos aquellos actos masivos que excedan las 20.000 personas.

Las fiestas hoy son mucho más seguras que esa tarde de 2014, cuando un caballo arrolló mortalmente a una mujer, se colapsó el whatsapp y la comunicación telefónica para coordinar a los efectivos de seguridad y la ambulancia de soporte vital tardó en actuar y evacuarla.

El accidente, que retrotrajo a los precedentes trágicos del anterior atropello mortal en los Jocs de 1993 y al de la bajada de la Banda de Música y la corporación a Es Pla en 1997, derivó en una demanda penal que precipitó la dimisión del entonces alcalde José María de Sintas.

La propia familia de la fallecida fue la primera en invocar la inexistencia de un plan que evaluase los riesgos de las fiestas, a lo que el Ayuntamiento se aplicó desde el primer instante. Al año siguiente, 2015, ya estrenó un primer Plan de Autoprotección para los Jocs des Pla, que luego extendió al resto de actos.

Cambió la estructura de organización de Sant Joan, movilizó a más efectivos, aumentó el presupuesto (que ha pasado desde entonces de 270.000 a 400.000 euros), delimitó con una línea roja pintada en el suelo el espacio para las carreras de los cavallers en los Jocs, contrató seguridad privada para ayudar a los voluntarios a abrir pasillo, constituyó equipos de intervención, creó un Centro de Coordinación (CECOPAL) de todos los cuerpos de seguridad desde la Policía Local y empezó a restringir y filtrar el acceso a los actos más masivos y peligrosos. Primero los Jocs des Pla y el Caragol des Born y, después, el Primer Toc.

Los aforos máximos establecidos, de 27.540 asistentes en Es Born y 25.422 en Es Pla, se han superado por momentos prácticamente todos los años, lo que ha obligado a cerrar temporalmente los accesos. La retransmisión en directo y, especialmente, la pantalla gigante que acostumbra a instalarse en la Plaça des Born y que emite la señal de IB3 ha contribuido a acercar la fiesta a colectivos de todas las edades sin masificar más estos actos.

«Los primeros años de implantación de los nuevos planes de seguridad fueron especialmente duros», remarca la hoy alcaldesa, quien los impulsó como concejala en 2015 y ya había promovido antes la primera ordenanza municipal reguladora de las fiestas. «Pedimos asesoramiento a Emergencias y mucha gente», desde el anterior jefe de Policía al director de Cultura o el ingeniero municipal, «se involucró al máximo». El resultado es que, «evidentemente, las fiestas hoy día son más seguras. Se hizo lo más laborioso, que era completar el documento, que ahora se puede ir actualizando y mejorando cada año».

El apunte

El Ayuntamiento ha pagado medio millón en diez años por 15 reclamaciones

El Ayuntamiento tuvo que indemnizar con 308.824’85 euros a la familia de la mujer fallecida por el atropello mortal de los Jocs des Pla de 2014, pero solo ha tenido que abonar otros 198.347’85 euros por las 15 reclamaciones que ha recibido desde entonces. Los afectados por incidentes con los caballos y los fuegos artificiales o por daños causados a su vehículo o vivienda le pedían 804.248’60 euros por su responsabilidad patrimonial, cuatro veces más. La reclamación satisfecha de mayor cuantía corresponde a un expediente abierto por las fiestas de 2016, que le supuso un desembolso de 125.000 euros. Del año pasado tiene pendiente de resolver una petición de indemnización por valor de 360.000 euros.