Los radares fijos están instalados en las Avingudas Binicodrel y Del Mar, a su paso por el pueblo.  | Josep Bagur Gomila

TW
29

Los cuatro radares instalados en Es Migjorn Gran para dar más seguridad a vehículos y transeúntes a finales de junio registran una media de 22 infracciones al día. El número de multas por exceso de velocidad reconocidas por el Ayuntamiento asciende casi a 5.000 (4.677), desde el 8 de agosto hasta el presente mes de febrero.

El dato aproximado, sin embargo, no contempla las faltas que detectaron los cinemómetros entre el 26 de junio, fecha en que comenzaron a estar operativos, y el 8 de agosto, periodo en el que con toda seguridad superaron las 2.000 por la densidad del tráfico en plena temporada estival.

El Ayuntamiento se vio desbordado a medida que recibía la información de la empresa contratada, Alumbrados Viarios SA, debido a la avalancha de vehículos que habían superado la velocidad máxima permitida, 40 y 30 kilómetros por hora, según la ubicación de los radares a su paso por el pueblo. La escasa dotación de personal municipal hacía imposible que se tramitaran y notificaran las sanciones de ese periodo, pero tampoco se pueden notificar ahora, pese a que es una empresa externa la que realiza este cometido, porque ya han prescrito.

Externalización del servicio

El colapso que provocó en el Consistorio el resultado de los radares sancionadores llevó al equipo de gobierno a externalizar el servicio de notificación de multas con un contrato menor firmado con Grupo CGi, una empresa especializada en cobro de tributos y recaudación de administraciones locales.

La solución, no obstante, no se ha visto reflejada en la práctica hasta el pasado diciembre. En el Ayuntamiento explican que han sido problemas en el funcionamiento del sistema de detección de las infracciones entre la empresa adjudicataria de los dispositivos y Silme, la firma que soporta la informática de las instituciones locales e insular de la Isla, los causantes de que se haya retrasado el envío de los datos a la Dirección General de Tráfico.

Como resultado, los conductores que fueron ‘cazados’ por los radares están recibiendo desde hace apenas dos o tres semanas las sanciones en sus domicilios. Tráfico identifica al dueño del vehículo a través de la matrícula y sirve la información a la empresa Grupo CGi que es la que tramita la multa a nombre del Ayuntamiento para que el servicio de Correos acabe entregándola en el domicilio del infractor.

Miles de sanciones a partir de agosto

La empresa contratada está actualizando ahora las miles de sanciones captadas a partir del 8 de agosto que no fueron notificadas entonces. Vecinos de Es Migjorn, también residentes de temporada en el pueblo y en la urbanización de Sant Tomàs, y empresas de alquiler de vehículos, se han visto sorprendidos estos días por la recepción de centenares de multas.

El importe más repetido de las sanciones alcanza los 100 euros, ya que la velocidad excedida que captan los cinemómetros del municipio no suele superar los 20 kilómetros por hora. Si la velocidad registrada va más allá de los 20 km/h el importe puede llegar a los 600 euros gradualmente, además de la pérdida de puntos. Los radares están señalizados, en las avenidas Binicodrell y De la Mar,  y uno móvil en Sant Tomàs, aunque este apenas se ha podido utilizar por la falta de agentes de la Policía Local para accionarlo.

Recaudación

El 60 por ciento de la recaudación de las sanciones va a parar a la empresa adjudicataria que instaló los radares, Alumbrados Viarios SA., por un importe de 399.065 euros para un plazo de cuatro años. Esta se encarga de los servicios de control de movilidad y seguridad viaria. En torno al 36 y el 37 por ciento del importe de las multas va directo a las arcas del Ayuntamiento, mientras que la gestión de multas propiamente dicha supone un 3 por ciento y los gastos de notificación el 1 por ciento restante, informó el Ayuntamiento en su día.

En un cálculo a la baja, Es Migjorn ha previsto recaudar un total de 285.000 euros en multas para el presente año 2024, según el porcentaje que le corresponde. Solo de junio a septiembre el importe, según las mismas fuentes, ya rozó los 300.000 euros.