La concesión de Costas a un chiringuito de lujo de S’Algar ha motivado las protestas de los residentes. | Katerina Pu

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El colapso en la tramitación de expedientes y concesión de autorizaciones que sufre la Demarcación de Costas en el Archipiélago desde hace años debía emprender su desenredo a partir de la esperada transferencia de la gestión, del Estado a la Comunidad Autónoma, firmada el pasado 1 de julio.

En la práctica, sin embargo, este cambio de titularidad ha agravado aún más la saturación existente porque el traspaso de competencias no ha venido acompañado por la dotación de personal con el que dar salida a la compleja gestión del dominio público-terrestre. Solo se han transferido ocho vigilantes de la costa y un delineante, es decir, ningún profesional cualificado como ingeniero técnico, arquitecto superior o jurista con los que emprender la gestión asumida hace dos meses.

La Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, que tutela el menorquín Juan Manuel Lafuente y de la que dependen estas competencias, está limitada para desatascar los centenares de expedientes no resueltos. La nueva Dirección General de Costas y Litoral se ha quedado con los mismos ocho funcionarios que tenía el Servicio de Costas y Litoral antes del 1 de julio. Con ellos desempeñaba la materia de ordenación del territorio que afecta al litoral y con ellos, por ahora, debe seguir cumpliendo los mismos servicios más los transferidos.

En Menorca, solo uno de los cinco funcionarios

En Menorca solo uno de los cinco funcionarios del Estado adscritos a la Demarcación de Costas ha sido traspasado, por voluntad propia, a la Comunidad Autónoma y por el momento ha sido ubicado en la delegación insular de la Conselleria balear de Medio Ambiente.

El Govern tiene ahora las competencias de gestión y otorgamiento de las autorizaciones de usos de temporada en playas y mar territorial, autorizaciones de actividades en las que concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, autorizaciones de ocupación de dominio público marítimoterrestre con instalaciones desmontables, las de zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar, concesiones demaniales, sanciones y la planificación y obras que no sean de interés general.

El Estado se reserva el cobro de cánones

El Gobierno central se reserva el derecho para cobrar el canon por la ocupación de instalaciones en la zona litoral balear, la decisión final de las concesiones y la planificación de proyectos y obras de interés general. El acuerdo de este traspaso, calificado como incompleto por estas condiciones desde muchos sectores, incluido el Ejecutivo anterior, supone que el Estado dota a Balears con 1,3 millones de euros, la sede de Costas en Palma, seis vehículos y 18 plazas, entre funcionarios y personal laboral, de las que 7 están vacantes.

El pasado 22 de mayo el Govern aprobó dotar con 12 puestos de trabajo las funciones traspasadas por el Estado pero a día de hoy, subraya la nueva Conselleria, no se ha cubierto ninguna de estas 12 plazas que corresponden ocho de ellas a jefes de departamento, concesiones, sanciones, arquitectos, ingenieros y jurista, un auxiliar, un administrativo y dos a técnicos superiores.

Utópicamente esas 12 nuevas plazas debían completar una plantilla de 38 empleados para que el Govern gestione la demarcación de Costas en Balears. La realidad está siendo bien distinta puesto que se mantiene por ahora con el mismo personal que ya tenía, salvo los vigilantes de costa que no tienen la formación precisa para el trabajo asumido.

El apunte

Situación «dramática» para la resolución de expedientes

Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar y Ciclo del Agua, admite que con el escaso personal disponible ha sido imposible todavía evaluar el estado de las tramitaciones de Costas pendientes en todo el Archipiélago. Llama la atención, señala el conseller, que hayan transcurrido seis meses para ejecutar el traspaso, que entró en vigor el pasado 1 de julio, «y ahora nos encontramos en esta situación que los propios funcionarios definen como dramática».

El titular de la conselleria ha instado a la Dirección General de Función Pública a que ceda provisionalmente al menos 10 técnicos cualificados de otros departamentos para dar salida a los expedientes más urgentes. Lafuente apela al agravio comparativo con otras comunidades que también tienen transferidas estas competencias, como Andalucía y Catalunya, con 62 y 34 empleados, respectivamente, pese a tener la mitad de kilómetros de costa que la balear.