Las empresas náuticas recelan del consorcio que gestionará los amarres de Cala Galdana

El plenario desestimó las alegaciones presentadas por Asmen, entidad que entendía que los estatutos que se iban a aprobar contenían una «extralimitación», ya que concretan una serie de objetivos y actuaciones que, en realidad, debería fijar la junta rectora del consorcio, una vez creado el ente.

Resta capacidad de decisión

«Con esta lista de actuaciones ya concretadas en los estatutos se están vaciando de contenido las atribuciones de la junta rectora del consorcio como órgano máximo de decisión del mismo», exponía Asmen en su alegación.

De hecho, añadían que esta decisión «priva de toda capacidad de decisión y valoración a los integrantes del propio ente y por tanto lo despoja de una de las atribuciones principales de los miembros».

Todo esto era, según defendía Asmen en su escrito, según el artículo 124 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.