La presidenta del Consell, Susana Mora, y su vicepresidente, Miquel Àngel Maria, en el pleno de este lunes. | Gemma Andreu

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El documento que cierra el caso de la investigación abierta por la Oficina Anticorrupción es un informe autoexculpatorio encargado por el Consell al Institut Menorquí d'Estudis (IME), que es el órgano que realizó y pagó las facturas de las Directrices Estratégicas de Menorca (DEM). En las conclusiones del mismo se afirma que en ningún caso «se han infringido los límites del contrato menor» y que los pagos «han sido fiscalizados sin objección por parte del interventor del Consell», que es también el interventor del IME.

Bien mirado, no se esperaba otra conclusión si el órgano que efectúa la revisión de las contrataciones del que se deriva el supuesto fraccionamiento de contrato es el mismo que las ha realizado. Es el segundo desde que se conoció la investigación de la Oficina Anticorrupción a principios de febrero.

El primero, realizado por una asesora jurídica del Consell, descartó otra de las sospechas expuestas por Anticorrupción, que los pagos hubieran supuesto un sueldo encubierto a Jesús Cardona, autor de las DEM. No entró a valorar otro de los aspectos cuestionados, el incumplimiento por parte del conseller y presidente del IME, Miquel Àngel Maria, del código de buen gobierno aprobado por el propio Consell.

El citado informe sugirió la realización de otro a cargo del órgano de contratación, que es el que se ha presentado ahora y que la presidenta ha remitido a la Oficina Anticorrupción de Balears como fin del proceso. Este organismo le había dado un plazo de tres meses para informar de las acciones emprendidas para afrontar el caso y las medidas adoptadas.

Además de la remisión del documento, Susana Mora ha enviado un oficio al IME para que este organismo sea escrupuloso en el cumplimiento de la legislación en materia de contratación, según explicó ayer Miquel Maria al responder en el pleno a una pregunta de la consellera popular Carmen Reynés sobre el caso.

Nombres propios

Del informe no llaman tanto la atención las conclusiones, pues no se esperaban otras, sino la estructura del mismo. No aparecen los antecedentes ni se indica la finalidad del mismo. No se menciona por encargo de quién se realiza y se desvincula de cualquier relación con la investigación de la Oficina Anticorrupción, que es el origen de este trabajo, que tiene más naturaleza contable que jurídica.

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No se indica tampoco la autoría, aunque en la última página aparece la firma digital del presidente del IME, el propio Miquel Àngel Maria, que es una de las dos personas investigadas, y la coordinadora científica, Marta Jordi. Pero del conseller y presidente del organismo no aparece su nombre propio salvo en la citada firma.

Las escasas referencias que aparecen lo son en calidad de presidente del IME. Sin embargo, sí puede leerse media docena de menciones a la otra persona investigada, el ingeniero Jesús Cardona, autor de las DEM y perceptor de los pagos.

Las DEM tienen un carácter de «proceso abierto multidisciplinar, participativo y mutable», advierte de entrada el informe. Con la definición de su naturaleza descarta que se pueda realizar un contrato único y su posterior fraccionamiento. «Este planteamiento y concepto apunta a la total imposibilidad de configurar, a priori, un objeto contractual determinado y, menos todavía, designarle un valor estimado», explica el informe que, a falta de autor, debe ser atribuido a los dos firmantes del mismo, Miquel Àngel Maria y Marta Jordi.

Tampoco se personaliza el nombramiento de Jesús Cardona como coordinador de las mismas. Nadie lo nombra, «surgió de la reunión del 18 de noviembre de 2015 en la que se acuerda «crear una carpeta en la plataforma Dropbox, compartida entre los asistentes y se designa a Jesús Cardona para coordinar las primeras actuaciones».

Al mes siguiente se acuerda una dotación presupuestaria de 15.000 euros para iniciar el Plan Estratégico (más adelante DEM), ampliable con una dotación de la Conselleria de Medio Ambiente o de otros departamentos del Consell. «Este inicio evidencia que la idea de una prestación predeterminada no estaba presente», asegura.

En consonancia con esa concepción de las DEM, «el Consell Científic del IME no adjudica trabajos determinados sino que marca las directrics y aprueba las actuaciones que surgen de las diferentes comisiones de trabajo», arguye.

«Era imposible definir un objeto plurianual», concluye.

El apunte

La oposición pidió una auditoría externa para dar más credibilidad a la investigación

La primera conclusión del informe del IME ya es un aviso a los navegantes que solicitaban una auditoría externa que otorgara más fiabilidad al trabajo. «Corresponde al órgano de contratación el análisis de su gestión contractual, que ha de tener en cuenta tanto la regulación legal como el principio de eficiencia». Ese era precisamente uno de los motivos cuestionados en la investigación realizada y expuesta en sus conclusiones por la Oficina Anticorrupción. En los grupos de la oposición, según han manifestado, ha quedado la impresión de que en vez de orientar la acción institucional a despejar las dudas el trabajo se ha dirigido a acotar las conclusiones a simple error administrativo en la contratación.