Recurren la prórroga de las concesiones de Cala Galdana

El 30 de junio del año pasado, por unanimidad de todos los grupos políticos, el pleno acordó prorrogar un año más los contratos, que debían expirar a finales de la última temporada turística. Una decisión, acordada con los siete adjudicatarios de las concesiones para las instalaciones temporales y elementos fijos, que «es totalmente ilegal».

Así lo expone Jaume Anglada, empresario que entiende que «igual como han hecho los ayuntamientos de Ciutadella y Alaior, el de Ferreries debería haber convocado un nuevo concurso, porque el anterior era hasta 2022».

La decisión se tomó, dice Anglada, a pesar de que «había dos informes desfavorables, de la secretaria y de Intervención», y señala que los argumentos esgrimidos no son correctos. «Dicen que la prórroga está permitida por la normativa covid», sin embargo, «lo único que hay es una ‘Guía práctica' sin    validez jurídica», la cual, defiende el licitante, fija que «la ampliación del plazo de concesión puede ser hasta un máximo de un 15 por ciento». Así, en este caso, «el contrato era por dos años y el 15 por ciento serían tres meses». Además, «nunca lo publicaron, estando obligados», en las condiciones de la licitación en el Perfil del Contratante.

«Es un delito penal»

Anglada considera que esta actuación por parte del Ayuntamiento es constitutiva de un «delito penal».

«Ahora el Ayuntamiento tendrá tres meses para responder al recurso y la temporada habrá empezado», lamenta el empresario. Su intención es que, «de forma amistosa, anulen el acuerdo de pleno y saquen a concurso» los contratos para el periodo 2023-2026, «como debería ser». En caso contrario, «continuaremos, porque todos sabemos que es ilegal».

La alcaldesa, Joana Febrer, reconocía este miércoles el derecho a interponer recurso del empresario y declinó hacer declaraciones al respecto.