Sombrillas, hamacas y chiringuitos en Cala Galdana, una de las playas más codiciadas. | Josep Bagur Gomila

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Ferreries decidió en junio por acuerdo unánime del pleno municipal prorrogar un año más las concesiones de la playa de Galdana y un empresario de negocios playeros se plantea denunciarlo. Alega que las bases del concurso que rigieron la concesión en 2019 establecían la adjudicación para dos años y prórroga otros dos. Ambos periodos se han superado y lo que procede legalmente es otro concurso.

Tanto la alcaldesa Joana Febrer como el concejal responsable de la gestión de estas concesiones, Toni Salord, y el portavoz de la oposición, Pedro Pons, coinciden en sus argumentos, la covid que todo lo cambió y la normativa aprobada por ese motivo por los distintos gobiernos que permitía cambios en los plazos y excepciones en los contratos públicos. «Si no estuviera amparado jurídicamente no habríamos tomado un acuerdo así», justifica Salord.

871.560 euros

El Ayuntamiento de Ferreries obtiene unos ingresos anuales cifrados en 871.560 euros de las ocho concesiones entre bares, hamacas, chiringuitos y velomares. Con estos recursos cubre anualmente su presupuesto social.

La decisión municipal da respuesta a las negociaciones mantenidas con los siete adjudicatarios que se reparten las ocho concesiones para afrontar el impacto que la pandemia originó sobres sus negocios. Se acordó con ellos prorrogar las concesiones en 2023, fuera de plazo y de las prórrogas, si contaba para ello con la autorización de Costas.

Ya en 2020, también en el pleno de junio, en plena pandemia y justo después de levantarse el estado de alarma, se aprobó una modificación en el pliego de bases que regían la adjudicación y se rebajó al 25 por ciento el canon que se había pagado el año antes.

En la prórroga aprobada para el verano de 2023 se aplicará el canon de la adjudicación original de 2019 y que en conjunto origina los citados ingresos de casi un millón de euros. Un empresario que esperaba la subasta para volver a licitar por alguno de estos negocios considera que el acuerdo municipal es «una concesión encubierta», que el Ayuntamiento se perjudica a sí mismo porque «sin concurso no mejora la subasta ni, por tanto, los ingresos», argumenta.

Cita la ley de contratos del sector público de 2017, que es tajante en el artículo 29, «el contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo de duración del mismo». Ningún otro ayuntamiento ha optado por esta fórmula, algunos como Es Mercadal realizaron la subasta el año pasado y otros, como Ciutadella y Alaior las tienen ahora en marcha.