La nueva figura de alojamiento turístico que estableció la Ley Agraria de Balears a principios de 2019, las agroestancias, se ha diluido con el paso de los años entre la moratoria de plazas turísticas, las estrictas condiciones que se exigen para obtener la licencia y el limbo en el que se encuentra su correcta aplicación por el retraso de su reglamento propio, explican desde la patronal Agrame.
Desde hace tres años ninguna finca menorquina en explotación activa ha solicitado la licencia para poder acogerse a esta modalidad que, en principio, debía resultar una solución mucho más ágil y económica para que payeses y propietarios pudieran alquilar habitaciones de la casa principal del lloc para un máximo de seis plazas, con alojamiento y desayuno. Se veía como una buena alternativa para obtener un complemento a la actividad agraria sin la necesidad de efectuar grandes inversiones, aunque finalmente no ha dado el resultado previsto, lo que ha alejado las intenciones de los empresarios del campo que podrían haber estado interesados.
Considerada la tercera modalidad de turismo rural, las plazas de las agroestancias han de estar ubicadas en una edificación de uso residencial con la condición de que el agricultor resida en la explotación agraria o ganadera. La nueva idea de alojamiento se pensó para que unos pocos turístas se hospedaran en la casa del payés, conocieran la explotación y compartieran experiencias en el entorno rural.
Solo dos fincas, Lloc Nou de Ciutadella y Biniaumaia de Es Mercadal pidieron la licencia de agroestancia tras crearse esta modalidad. Otras explotaciones se mostraron interesadas en hacerlo y recabaron información, pero ninguna más ha solicitado formalmente la licencia, admiten desde el Consell.
La norma balear establece que es cada institución insular la que tiene capacidad para reglamentar y determinar condiciones concretas de este tipo de alojamiento. En los dos casos citados, una declaración responsable de sus dueños les permitió comenzar la actividad publicitando las estancias en diversas plataformas digitales, aunque ese vacío legal y la consideración definitiva que hizo el Consell de que, en cualquier caso, se trata de plazas turísticas, ha propiciado que ambas hayan buscado otras alternativas.
Payeses y propietarios, a través de Agrame, presentaron alegaciones al Consell por esta consideración que las iguala a las exigencias de cualquier otro alojamiento turístico, ya que automáticamente quedaron frenadas por la moratoria vigente.
Solicitaron su exención de la moratoria autonómica que impide crear nuevas plazas pero recibieron la negativa del departamento que dirige la presidenta, Susana Mora, de acuerdo con el criterio de los servicios jurídicos de la institución.
«Nosotros creemos que se trata de una figura de alojamiento excepcional para que las explotaciones dispongan de un ingreso complementario», explica Núria Pons, secretaria general de Agrame, de ahí que también se dirigieran varias alegaciones al PTI para que estas agroestancias solo quedaran sometidas a la normativa de la Ley Agraria y que fuera la Conselleria de Agricultura la que desarrollara el reglamento definitivo.
Estas alegaciones aún no han sido contestadas, entre otras razones porque el Consell concluyó que también debían ajustarse a las condiciones de la ley turística para la modalidad de alquiler en vivienda principal. Esta incluye algunas excepciones como la que las libera del límite de dos meses de periodo de actividad turística, pero en esencia deben responder a las mismas premisas.
Los empresarios de explotaciones agrícolas denunciaron hace un año que carece de sentido prohibir por decreto cuando el suelo rústico ya cuenta con una regulación muy intervencionista y limitadora en la Isla, que crea verdaderos quebraderos de cabeza a arquitectos, aparejadores, ingenieros agrónomos y juristas. Las agroestancias, bajo el tamiz de la doble normativa, no han sido, por ahora, el apoyo que pretendían.
El apunte
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6 comentarios
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Es difícil encontrar, incluso en la propia España, un caso semejante de incapacidad gestora y de menosprecio de los intereses de los ciudadanos, administrados o electores.
Escribir un reglamento parece que les significaría trabajar. Allí debe estar el motivo. Los políticos no trabajan, solo tienen que mover la lengua para cobrar.
Amb aquest govern, tot son "facilitats" per emprendre. Serà cert que ens volen a tots pobres i dependents.
Abrir un negocio tiene eso ! Señores agricultores!!
Despues se quejan de que el habito rural se despoble, la idea a priori es buena para poder generar un ingresp complememtario a la explotacion agraria ya por si dura y poco rentable, pero por experiencia nosotros nos hemos topado con travas en todas las puertas que hemos tocado, buroctaricamente nada facil de solicitar e igual de difici fiscalmente cumplirlo . La gente interesada al ver todas las complicaciones y requisitos han desistido. No es que nadie se ha interesado, es que hay mas travas que facilidades para poser obtener la licencia. El camp se esta ofegant, i sa administració encara li posa un peu demunt per acabaro rapit.
No se ha pedido efectivamente porque el tramite "desapareció" a la espera de un reglamento que nunca llego y luego lo engancharon con la moratoria turística. No es por falta de interés de los payeses ni porque fuera complicado (era igual de facil que una licencia turistica en una vivienda). Es por imposibilidad de solicitarlo