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El Partido Popular ha tratado sin éxito de frenar la aprobación de la Ley de la Reserva de Biosfera prevista en el pleno de este miércoles mediante la petición de un dictamen al Consell Consultiu que hubiera obligado a aplazar su debate y votación. El diputado Juan Manuel Lafuente ha fundamentado su iniciativa en la necesidad de contar con las garantías jurídicas necesarias de que la nueva ley no pueda ser impugnada por vulnerar el marco estatutario, exceder el ámbito de competencias del Consell o invadir atribuciones del Estado.

La mayoría de izquierdas ha defendido que la tramitación ha cumplido todos los requisitos legales y no procede, por tanto, elevar en este momento la cuestión al Consell Consultiu. Se han registrado 24 votos a favor, 1 abstención y 32 en contra, entre ellos los diputados de Unidas Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y el PSOE, al entender que se trata de una estratagema de los populares para dilatar este proceso.

En su intervención, Juan Manuel Lafuente ha hecho suya la recomendación que hizo en su día la directora de la Abogacía de la Comunidad, Lourdes Aguiló , que en abril de 2022 consideró «imprescindible» someter el anteproyecto de la proposición de ley a revisión del órgano consultor autonómico «que para eso existe».

Cs critica las prisas electorales El diputado de Ciudadanos Jesús Méndez ha respaldado la petición de los populares. No entiende «las prisas» por llevar la ley a aprobación, a no ser que responda al interés electoral del tripartito por tenerla lista antes de las elecciones de mayo. «El proceso electoral no debería envenenarnos» , afirmó. A su juicio, lo «lógico y natural» es contar con el dictamen del Consell Consultiu.

Para Vox es una 'chapuza' sin recorrido Desde Vox, la diputada Idoia Ribas, calificó la propuesta legislativa como « una chapuza jurídica típica del Govern de Armengol y compañía » y sostuvo que «muchos de sus preceptos son inconstitucionales». «Aún estamos a tiempo de parar este despropósito», aseguró: «O la tumba este Parlament cuando cambien las mayorías o la tumba el Constitucional». Una ley autonómica sectorial como ésta, recordó, «no puede alterar una ley orgánica como es el Estatut de Autonomía».

El PI reclama las máximas garantías En representación de Proposta per les Illes (El PI), el diputado Josep Melià, ha apoyado la necesidad de contar con el dictamen del Consell Consultiu para revestir la ley de «las máximas garantías jurídicas» , y aclarar unas dudas que empezó por plantear la propia Abogacía de la Comunidad Autónoma. Auguró que, de lo contrario, será el Estado el que acabe por instar a introducir las correcciones al texto legal para evitar un recurso de inconstitucionalidad.

Unidas Podemos destaca el consenso El diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez ha iniciado el turno de intervenciones de los grupos contrarios a solicitar el dictamen del Consell Consultiu . Ha defendido que el texto ha seguido la tramitación prevista, con «infinidad de reuniones» para lograr el «máximo consenso» entre partidos políticos y agentes sociales. Se han incorporado, además, las observaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y no tiene objeciones de los servicios jurídicos del Consell.

«Ambiciosa y pionera» para Més per Mallorca En la misma línea, la diputada de Més per Mallorca Joana Aina Campomar ha considerado que la Ley de Reserva de Biosfera de Menorca es un «ejemplo a seguir» para otros territorios que cuentan con esta distinción. «Es una ley ambiciosa y pionera a la hora de gestionar un territorio», valoró.

Més per Menorca niega la invasión de competencias Desde Més per Menorca, el diputado Josep Castells ha acusado a la oposición de politizar una cuestión técnica como es la petición de un dictamen del Consell Consultiu, algo que ha calificado de «pérdida de tiempo». Ha negado que exista una invasión de las competencias del Estado y ha acusado a los populares de hacer una lectura superficial de la ley. Ha recordado que Formentera ya limita la entrada de vehículos a su territorio y el Consell de Eivissa, gobernado por PP y Ciudadanos, promueve una iniciativa legislativa en el mismo sentido.

El PSOE defiende su 'seriedad y rigor' La diputada del Grupo Socialista Pilar Carbonero ha defendido la «seriedad y el rigor» de la Ley de la Reserva de Biosfera y ha recordado que el texto ha pasado los controles jurídicos del Consell y el Parlament «sin que haya saltado ninguna alarma sobre una invasión de competencias». «Después de lo que se ha escuchado aquí es importante reivindicar que la ley es totalmente respetuosa con el marco normativo autonómico», afirmó, y acusó al PP de querer interrumpir su aprobación. "Es una excusa de mal pagador, ¿me está diciendo que votarían a favor de la ley después de pasar por el Consell Consultiu?", concluyó.

Las dudas legales que plantea el PP En concreto, el grupo parlamentario popular había exigido que el órgano superior de consulta de Balears se pronunciara sobre una de las cuestiones del redactado de la Ley que más polémica ha generado: la limitación de entrada de coches en Menorca. A este respecto, se preguntan los populares si el Consell insular es realmente «competente» para limitar el número máximo de vehículos destinados al alquiler sin conductor.

Ara es debat l'escrit del Grup Parlamentari Popular ( @ppbalears ) mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu, en relació amb la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. Defensa la petició: @LafuenteJM pic.twitter.com/9QqZemo5cv

— Parlament de les Illes Balears (@ParlamentIB) February 1, 2023 El PP pide si resulta «discriminatoria» respecto al resto de ciudadanos del Estado y la Unión Europea la excepción de vehículos de residentes de Balears que acrediten la necesidad habitual de desplazarse a Menorca por razones laborales.

Los populares también reclamaban que se resuelva si es «jurídicamente coherente» que una normativa sectorial establezca mandatos a futuro que afecten al reparto de competencias y que instauren regulaciones «propias de un instrumento de ordenación territorial, como el Plan Territorial Insular, sin que esto se contemple en la Ley 14/2000».

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