Siete de los ocho pisos ‘expropiados' por el Govern siguen vacíos 14 meses después

Desde la Conselleria balear de Movilidad y Vivienda explican que el proceso está avanzado también en otras tres propiedades. Aseguran que se están acabando de contratar los suministros y que ya han empezado a recibir visitas de posibles interesados. Las tres restantes continúan pendientes de reparaciones comunitarias –que implican a otros vecinos– por lo que todavía están lejos de recibir inquilinos. A pesar de que en el proceso de cribado de viviendas vacías los técnicos priorizaron los inmuebles en mejores condiciones, finalmente el inadecuado estado de las mismas ha sido el principal freno que se ha encontrado la administración.

Cabe recordar que cuando el Govern inició el proceso de expropiación temporal de viviendas vacías en manos de grandes propietarios, en Menorca pretendía hacerse con la gestión de 23. Sin embargo, finalmente ese listado se redujo a ocho, siete en Ciutadella y otra en Maó, precisamente la que ya ha podido ser ocupada, en la calle Santa Maria. El Govern ha tenido que aceptar las alegaciones presentadas por gran parte de las sociedades propietarias, por motivos justificados que van desde la ocupación ilegal de los inmuebles, hasta la ausencia de cédula de habitabilidad, pasando por la más básica, que ya estaban vendidos.

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Más allá del balance numérico de viviendas que han pasado a ser de uso público, desde la Conselleria de Movilidad y Vivienda subrayan que la puesta en marcha de las políticas de cesión obligatoria ha tenido una consecuencia mucho más efectiva en términos cuantitativos. La simple amenaza ha provocado que muchas viviendas que estaban vacías salgan al mercado. Así interpretan desde el Govern la importante caída que se ha producido en el censo de viviendas vacías de grandes tenedores en el registro oficial, con un centenar de casas menos en la Isla que hace solo dos años.

La administración hace hincapié en que el objetivo final es que los considerados grandes tenedores (aquellos que cuentan con al menos diez propiedades) pongan los pisos a disposición de compradores y arrendatarios. En muchos casos están comprobando como no llegan a acumular dos años desocupados, aunque también sospechan que hay algunos que pueden estar eludiendo su obligación. Es por ello que    reforzarán el sistema de inspección.

Existe un régimen sancionador para los incumplimientos en la materia y se está poniendo en práctica. En el conjunto de Balears se han impuesto multas a 18 sociedades por valor de casi 780.000 euros. No comunicar a la administración su derecho a tanteo y retracto puede ser sancionado con hasta 90.000 euros.