Fernando Villalonga, conseller de Medio Ambiente hasta julio de 2015.

Fernando Villalonga, conseller de Medio Ambiente hasta julio de 2015. | Archivo

Javier Gilabert12/10/22 3:59
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El equipo de gobierno de PSOE, Més per Menorca y Podemos que se hizo con las riendas del Consell tras las elecciones del mes de mayo de 2015 se vio empujado a firmar el nuevo contrato de concesión del Área de Gestión de Residuos de Milà con las condiciones que redactó el anterior equipo de gobierno del PP, incluyendo el exorbitado precio establecido para la eliminación de restos de animales, que se multiplicó por 25. Así se recoge en el acta de la mesa de contratación que se celebró en 2 de julio de 2015, todavía con el conseller de Medio Ambiente del PP, Fernando Villalonga, como presidente en funciones del Consorci de Residus i Energia y sin la presencia de su sucesor en el cargo, Javier Ares (Podemos), que no formó parte de esa mesa de contratación hasta el 23 de julio.

En el momento en que se celebró esa sesión, el proceso de licitación, que había arrancado el 8 de enero de 2015, ya estaba muy avanzado. Los licitadores ya habían presentado sus propuestas y ya se había redactado (dos días antes de las elecciones) el informe técnico «de valoración de los criterios no evaluables mediante un juicio de valor», que otorgaba la máxima puntuación (50 puntos) a la UTE Cespa (Ferrovial) y Adalmo. En esa misma sesión se dieron a conocer las puntuaciones de la valoración económica y el resultado global, que daba como ganadora a la UTE mencionada con una puntuación total sobre cien de 96,39 puntos.

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En el arranque de la sesión tomó la palabra la nueva alcaldesa del Ayuntamiento de Maó, Conxa Junola, como representante del municipio en el consorcio público mancomunado. Lo hizo para preguntar por las consecuencias jurídicas en el caso de que los nuevos equipos de gobierno de las entidades que integran el consorcio decidiesen paralizar el proceso de adjudicación de un contrato    de 80 millones de euros a 25 años cuyas condiciones no habían tenido tiempo material de analizar.

La respuesta de la representante de los servicios jurídicos del Consell    y del interventor fue muy disuasiva. Solo había dos vías, la renuncia o el desistimiento, y en ambos casos «se debería de compensar a los licitadores por los gastos ocasionados». En ese sentido advierten de lo avanzado del proceso, señalando que «ya se conoce al primer clasificado» y alertan de que obligaría a volver a empezar la licitación, con un retraso muy delicado en un momento en el que el anterior gestor, Juan Mora, llevaba tiempo con una concesión caducada, en el que el vertedero estaba clausurado y en que todos los residuos que generaba la Isla estaban siendo enviados a Mallorca con un coste elevadísimo para las arcas públicas.