Sin embargo la concesión no le asegura que pueda explotarlos a corto plazo puesto que Trapsayates, la empresa intervenida por la Audiencia Nacional, sigue haciéndolo sin tener el título acreditativo. Trapsa ya ha anunciado un recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears, que ha dado la razón este mes a Autoridad Portuaria sobre la declaración de caducidad de los amarres. Hasta que se resuelva el recurso no está dispuesta a desalojarlos para que se haga cargo de ellos el Club Marítimo.
Desde Autoridad Portuaria se aferran a la sentencia balear para conseguir la salida de Trapsa una vez el Marítimo haya presentado la documentación requerida. «Vamos paso a paso, según nuestros servicios jurídicos, y consideramos que con la última sentencia podremos hacer efectivo el desalojo», señalan.
Antonio Hernández, sin embargo, presidente del Marítimo, se muestra mucho más escéptico y, en el peor escenario, cree que no podrán tomar posesión de los amarres hasta otoño de 2023, cuando acaba la concesión, «aunque la esperanza siempre la tenemos».
En el Marítimo ponen en duda que Autoridad Portuaria pueda echar a Trapsa ahora cuando todavía está por resolver la concesión de los otros 30 amarres de gran eslora que también explota la empresa intervenida judicialmente. La concesión, esta vez, se dividió en dos bloques, el de los amarres menores con un perfil que favorecía directamente al Marítimo como entidad deportiva y social, y la de amarres para barcos grandes a la que también ha concurrido el club mahonés, ahora sin ningún amarre que explotar lo que supone dejar de ingresar unos 200.000 euros anuales.
La concesión de los 165 atraques es para 2 años prorrogables a tres. La tasa de ocupación inicial era de 160.862 euros anuales, que el Club elevó en 44.438 euros y el 4 % de la tasa de actividad.
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