El Ayuntamiento «es el responsable final, pero todos podemos aportar en este objetivo claro y compartido», explica el alcalde Héctor Pons. El protocolo se vehicula a través de dos ejes, uno de carácter formal en cuanto a la tramitación y seguimiento de los expedientes y otro de medidas en cuanto al contenido documental, que son factores que hasta ahora habían motivado complicaciones y retrasos.
El acuerdo, que lo firman además el Colegio de Arquitectos Técnicos, el de Ingenieros Indusriales y el de Ingenieros Técnicos, ha sido negociado en los dos años últimos. La implantación de la administración electrónica ha supuesto cambios como la tramitación digital, que cambia también la forma de presentar la documentación y permitirá, previo trabajo de Silme aún pendiente, el seguimiento por vía electrónica de cada expediente.
Informes de otros organismos
Un aspecto que cambia a partir de ahora es la petición de informes a otros organismos (Recursos Hídricos, Medio Ambiente, Costas) cuya opinión resulta preceptiva en determinadas licencias. Esa petición, que hasta ahora realizaba el Ayuntamiento y era motivo de retrasos de hasta un año, deberá hacerlo ahora el promotor y adjuntarse con la documentación que presentan los autores del proyecto respectivo. Así lo marca la Ley de Urbanismo, aunque los arquitectos eran partidarios de que siguiera bajo responsabilidad municipal.
El protocolo contempla la constitución de una mesa de seguimiento, de reunión cuatrimestral, cuya función principal será la de formular recomendaciones de interpretación de la normativa para evitar intepretaciones contradictorias, arbitrarias o restrictivas de las normas. «Este es un documento vivo, podemos introducir cambios que lo mejoren», señala el alcalde.
«Es un punto de partida concebido desde el deseo común de mejorar la seguridad del ciudadano o promotor que solicita una licencia. Funcionará bien y será extensible a otros municipios», opina Dámaso de la Cruz, presidente del Colegio de Ingenieros Industriales.
«Nos ordena la manera de trabajar y nos interesa a todos porque el fin es común. Somos entidades de derecho público y estamos para trabajar con la administración con vistas a mejorar los procesos. Es un buen principio», declara Miguel Ángel Sicilia», presidente de los aparejadores y arquitectos técnicos.
José María Cardona Natta, presidente de los ingenieros técnicos, destaca el acuerdo y el espíritu de alianza en beneficio del administrado que se logra con este protocolo, que ha de suponer, según coincidieron todos, un avance decisivo para agilizar los trámites de las licencias y, en definitiva, mejorar la vida del administrado.
3 comentarios
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El problema greu no tracta tant de la diversitat de normes , sino de la greu manca de comprensió lectora de molts professionals . Per cert, que siguin titulats universitaris, no es cap mena de garantia. Una cosa normal i desastrosa , es no poder diferenciar entre un text real i figurat. Però greu, grreu, fou el dia en que un enginyer municipal em va dir que era el mateix un local que un edifici; que la porta i el portal. Tot un desastre .
Es un sin sentido una Administración extremadamente inflada de personal para que al final , todo parado y creando un gravisimo perjuicio a los Ciudadanos. Teniendo que acudir a los técnicos profesionales privados. ¿Que puñetas hacen los técnicos y personal públicos de urbanismo en sus jornadas laborales?.¿Quien controla su productividad?. Mucho cargo con dedicación exclusiva y peor que nunca. Totalmente de acuerdo con "aturdit". Los reponsables de los desorbitados e inaccesibles precios son los Ayuntamientos al no habilitar terrenos suficientes para poder ser accesible la construcción.
El que no te sentit, es que la construccio d'una obra, tardi igual o menys que els permisos i costi practicament el mateix. Comences a sumar permisos, arquitectes , impostos, aparelladors i es una barbaritat sense sentit.