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¿Qué dicen los expertos que han participado en la revisión de los sucesivos borradores de la ley Menorca Reserva de Biosfera? Ninguno cuestiona que el texto debe adecuarse y encajar en el ordenamiento jurídico, pero todos temen que ese necesario encaje sea a costa de rebajar los aspectos científicos del mismo.

Jeroni Galmés, biólogo, profesor de la UIB, llamó la atención públicamente a las autoridades locales y autonómicas sobre el vacío legal en torno a la Reserva. «Alerté de la necesidad de integrar en el sistema legislativo autonómico la Reserva de Biosfera y por eso urgí a Consell de Menorca y Govern, a un acuerdo para dotar la reserva de una ley de rango autonómico».

Aquella llamada tuvo un impacto práctico y las administraciones se pusieron a trabajar en ello, «me siento orgulloso de este anteproyecto de ley, que ha pasado el screening científico porque tiene el aval del Consejo Científico de la Reserva de Biosfera, del que formo parte», declara.

Considera fundamental la ley «porque el Programa MaB es un científico, la declaración de la Reserva la hacen los científicos y cualquier cambio sustancial en lo que es la gobernanza de una reserva, como es este caso, ha de pasar por el criterio científico, como ha pasado», agrega.

Desconoce al detalle el conflicto de competencias que se ha suscitado, pero sabe «como cualquier ciudadano, que una ley no puede ir en contra de otra de rango superior, es obvio, podría invalidarla, es cosa de juristas» y por esa razón apela «a una confluencia de intereses de posibilidades jurídicas y al mismo tiempo que pase el filtro científico», propone.

El peligro podría venir de que en vistas al ajuste jurídico del anteproyecto «se devalúe mucho el contenido de carácter científico que previamente ha obtenido el beneplácito del consejo científico. Es el problema que veo», apunta Galmés.

La opinión es compartida por Agnès Canals, bióloga también, gestora de proyectos ambientales y técnica en conservación en el Parc Natural de s'Albufera des Grau, y presidenta del Consejo Científico de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera. «Como consejo científico hemos avalado el proceso de elaboración, hace mucho tiempo que se está debatiendo y configurando. El encaje jurídico existe, ha de encontrarse, es importante, y que no quede una ley tan limitada que no asegure el camino hacia la sostenibilidad», alerta.

Sobre esa validación por parte del consejo científico insiste Galmés porque ello «significa que sobrepasa unos mínimos científicos, esenciales por la misma naturaleza del Programa MaB», enfatiza el profesor mallorquín.

Filtro científico La ley es, en su opinión, «imprescindible para una buena gobernanza de la Reserva», tanto como la exigencia de «pasar por el filtro científico. Si ahora hay que ajustarla al ordenamiento jurídico, considero que si el texto se modifica sustancialmente hay que respetar los mínimos científicos de la ley», insiste.

Como todavía no se han hecho públicas las discrepancias del Govern al articulado del anteproyecto que debía aprobar el Consell antes de paralizar el proceso del pasado domingo, apela a los «mínimos científicos, que son los que marca el Programa MaB y que aseguran el desarrollo sostenible de un territorio declarado reserva y por eso han de ser implementados en un rango legislativo autonómico», recuerda.

Agnès Canals precisa la intervención del organismo que preside y que forma parte del organigrama de gestión de la Reserva. «Como consejo científico hemos estado de acuerdo siempre en que la Reserva de Biosfera pueda tener una gobernanza local diferenciada en pro de la sostenibilidad y que la ley es un buen instrumento», asegura.

No obstante, reconoce que el acuerdo no era completo entre todos los miembros respecto a la totalidad del articulado, «pero entendíamos que el proceso de participación continuaba en el Parlament», añade.

Concreta esas diferencia en el seno del consejo en el liderazgo de los temas de ciencia e investigación y, en concreto, «los artículos que regulan la autoridad independiente, pero la propia ley dice que el reglamento se haría a posteriori, quedaba tiempo para debate y podía consensuarse».

Argumenta la necesidad de una ley de Reserva, «es clave para nosotros para poder cumplir con los objetivos del Programa MaB de Reserva de Biosfera», apunta y también resulta fundamental «que las cuestiones científicas tengan un soporte en una ley para continuar con el proyecto de la Reserva. El propio Programa MaB promueve que la ciencia y la gestión vayan de la mano, por eso entendemos que hace falta una ley que dé sentido al programa».

Política Admite Canals que el conflicto institucional en el seno del Consell a raíz de discrepancias competenciales «nos ha pillado por sorpresa, en el contenido había gran acuerdo y los aspectos jurídicos habían de limarse durante la tramitación de la ley, eso corresponde a la parte política», comenta.

Es optimista pese a la crisis desencadenada, «creo que saldrá adelante, habrá entendimiento y podrá encajarse en el ordenamiento jurídico», concluye.

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