Prudencia, pero con buenas expectativas. Así se podría definir el sentimiento que albergan hoy las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) de Menorca, ante la aprobación en el Congreso de los Diputados de la nueva Ley de Cadena Alimentaria. El texto, aún no publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por lo tanto, aún no en vigor, se percibe como una garantía para, por fin, alcanzar unos precios justos en la venta de la leche y sus derivados. Esto debe provocar que, al contrario de lo que ocurre ahora, el precio de venta sea siempre superior a los costes de producción.
El texto superó el pasado jueves el último escollo en la cámara baja, con el respaldo de PSOE y Unidas Podemos, los votos en contra de PP y Vox y con el resto de formaciones facilitando su aprobación, apoyando o absteniéndose.
Nuevo horizonte
Esta ley transpone la directiva comunitaria europea de 2019 sobre prácticas desleales. Supone reforzar los efectos de la Ley de Cadena Alimentaria de 2013, que dejaba serias lagunas y que, con el tiempo, se ha demostrado ineficaz para evitar que los eslabones inferiores sigan padeciendo precios inasumibles, por debajo de los costes de producción.
La presidenta de Unió de Pagesos, Margarida Llambías, espera que la reforma aporte efectividad, porque «la ley de 2013 ya prohibía que se pudieran comprar productos frescos por debajo del coste de producción». Asimismo, confía que sirva para que «los pagos sean a 30 días», ya que, «en Menorca hay quienes pagan en tiempo, pero otros lo hacen a 45, 60 o 90 días».
Lluís Nadal, de la Asociación de Empresarios de Explotaciones Agrarias de Menorca (Agrame), se muestra convencido que la norma «será positiva», aunque tiene claro que no será inmediato. «Toda ley demanda un tiempo de rodaje», tiempo que juega en contra de los agricultores. «Si no se consiguen cambios, habrá más fincas que cierren, porque pierden dinero cada día, pero somos optimistas» ante la sangría actual de precios. «No puede ser que un litro de leche valga 60 céntimos en el súper si producirlo cuesta un mínimo de 42 y con unos costes de producción que se han incrementado un 30 o un 35 por ciento».
En la misma línea, la presidenta de la Federación Agrícola y Ganadera de Menorca (Fagme), Catalina Pons, cree que la nueva ley «será positiva para marcar unos mínimos, pero habrá que ver lo que hay detrás». Asimismo, desde el Govern, el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, considera que con la nueva ley «avanzamos en relación a 2013», con mejoras importantes en relación, también, a las modificaciones que introducidas en 2020. Con todo, Govern y sector siguen trabajando para, «antes de Navidades», alcanzar un acuerdo para lanzar el plan de choque para 2022. Las próximas reuniones tendrán lugar este jueves.
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