Éste es el espíritu de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que fue ampliada en 2020 con unos cambios legislativos que dan total protección al eslabón más débil dentro de la cadena alimentaria. Pero no solo ante prácticas abusivas de la industria sobre los ganaderos que proveen la leche. Todos los eslabones deben cumplir la norma y el sector de la distribución, por ejemplo, no puede comprar los productos a la industria por debajo del precio de coste. Igualmente, el texto normativo es aplicable a cualquier producto, como a la producción de carne.
Esta fue la principal aportación que obtuvieron, ayer, medio centenar de productores de leche, en la jornada técnica impulsada en Es Mercadal, por parte de Unió de Pagesos, la Federación Agrícola y Ganadera de Menorca (Fagme) y la Asociación de Empresarios de Explotaciones Agrarias de Menorca (Agrame). Se contó con la asistencia de Gema Hernández, directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y de Paula Valero, directora general de Políticas por la Soberanía Alimentaria, del Govern.
Posición de poder
Fue en la modificación de 2020 cuando la ley incluyó el concepto de «prácticas abusivas» para fijar como ilegal la compra de un producto por debajo del precio de coste. Es, por tanto, una vía legal que ampara a los productores de leche, para exigir y percibir un precio digno por cada litro producido.
En vista de las reacciones de los asistentes, conocer que disponen de esta «herramienta» se convirtió en el rayo de esperanza que el campo lleva esperando hace décadas y varios ganaderos se interesaron por el proceso a seguir para denunciar estas prácticas abusivas. «En Menorca, el precio de la leche no se negocia, lo impone la industria, siempre ha sido así», lamentaron desde la tribuna en relación a unas prácticas que siempre dejan en desventaja al ganadero, que solo tiene dos opciones, malvender o tirar la leche.
Con todos los argumentos a favor que da a los payeses esta norma —que, por otro lado, está en fase de reforma para que entre en vigor a partir de enero—, el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Govern, Fernando Fernández, recordó que el compromiso del Ejecutivo autonómico es firme para alcanzar unas mínimas condiciones negociadoras con todos los agentes que configuran el sector de los productos lácteos. Así, intentó apaciguar los ánimos en cuanto a denuncias, a la espera de sellar próximamente un acuerdo que satisfaga a todos y que incluye la creación de una mesa de concertación para revisar anualmente los acuerdos.
Los agricultores afirmaron ser conscientes de que cada eslabón de la cadena es necesario para desarrollar la actividad económica, y también observan cómo quienes les compran a ellos la leche están sometidos a esta ley del más fuerte que les imponen, a su vez, sus clientes. De hecho, un ganadero consideró que «nos han pagado siempre tan poco, y la industria ha estado vendiendo tan barato, que es imposible subir precios».
Desde el Ministerio de Agricultura, Hernández mostró total predisposición a intervenir si se les requiere. Y hay dos vías, mediante denuncia o sin ella, ya que el organismo puede actuar de oficio. En ambos casos, implicaría la apertura de un expediente para comprobar precios de coste y de venta.
Prudencia ante la negociación
Para las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS), el hecho de estar amparados por la ley ante estas «prácticas abusivas» supone una «herramienta de presión» ahora que están negociando el plan de choque para 2022. Desde Agrame, Fagme y Unió de Pagesos coinciden al señalar que se trata de un «paso importante» pasar, a partir de enero, de los 0,312 a los 0,360 euros por litro. Aún así, recuerdan, «los últimos incrementos de costes» obligan a mirar más allá porque con los 36 céntimos la producción de leche continuará siendo deficitaria. Algunas entidades cifran el coste de producción entre los 40 y los 50 céntimos por litro.
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