Una moto de Correos estacionada durante el reparto postal en la Plaça d’Artrutx de Ciutadella. | ARCHIVO

TW
13

El pleno del Consell aprobará hoy por unanimidad de todos los grupos una moción que insta al Gobierno de España a acabar con la precaridad de Correos en Menorca. Afirman que el servicio postal «corre peligro de quedar liquidado» en la Isla por los recortes de personal en el departamento de reparto, denuncian la sobrecarga de trabajo de los empleados actuales y exigen ampliar los horarios de atención al público en los pueblos.

La propuesta, que va en línea con las aprobadas en varios ayuntamientos en los últimos meses, no escatima críticas a la gestión de la empresa pública, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es la responsable de garantizar el servicio postal en todo el país.

La moción, suscrita por PSOE, Més per Menorca, Unidas Podemos, PPy Ciudadanos, afirma que en las oficinas de Correos en la Isla «hay un problema grave y alarmante de falta de personal que deriva en una saturación de trabajo». «También nos encontramos», añaden, «que en las oficinas de las localidades más pequeñas los    horarios de apertura o de entregas se han visto reducidos, teniendo que hacer el mismo trabajo en menos tiempo». Otro de los problemas planteados es que la centralización de servicios y gestiones internas en la oficina del polígono de Maó ha aumentado los desplazamientos de los repartidores.

El resultado de esta situación, afirma la moción, es que «el servicio de distribución postal prestado en la Isla ha bajado su calidad drásticamente, sin que se puedan cumplir los estándares del servicio postal universal, con el perjuicio que ello comporta para la ciudadanía y el tejido empresarial».

La propuesta que se someterá a votación del pleno, aunque todos los grupos la han apoyado en la comisión previa a la sesión, incluye cuatro puntos dirigidos a Correos, la SEPI y a los ministerios de Hacienda y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El último de ellos pide expresamente al Gobierno el compromiso de que Correos «no será objeto de privatización» y reclama parar el «proceso de desmantelamiento» que vive la empresa.