La madre de familia utilizó el amplificador para hacer oír su protesta frente al Consell en compañía de varios familiares y amigos, aunque nadie de la institución insular se interesó ayer por escucharla.  | Gemma Andreu

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Durante casi una hora el matrimonio obligado a derribar su casa en la zona de Es Plans de Alaior, por orden del Consorcio en Rústico, exteriorizó ayer la protesta ante la sede del Consell por la situación en la que se encuentra.

En ese tiempo la esposa, Rosa Robles, su marido, algunos familiares y amigos extendieron dos pancartas alusivas a la ineficacia del derribo y al desamparo en el que queda la familia afectada. Sin embargo ningún cargo de la primera institución insular salió a interesarse por la protesta aireada por la mujer con un megáfono que también tomó uno de los solidarios, el presidente del PLIE, Dionisio Tobajas.

«Nos obligan a derribar nuestra casa y no nos dan ninguna solución», reiteraba Rosa Robles. «Estamos cansados de que los políticos se pasen la pelota de unos a otros, pedimos que nos dejen de tomar el pelo y que podamos tener una vivienda asequible y digna», añadía.

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Este mes expira el plazo para que la familia proceda a la demolición de la construcción principal y todas las añadidas puesto que se encuentran en una Área Natural de Especial Interés y se hicieron sin licencia, lo que desconocía la actual familia propietaria cuando la adquirió en 2011 ante notario.

Cumplir la orden demolición este mes es la condición para que la multa impuesta de 31.885 euros por la construcción ilegal se reduzca en un 80 por ciento. La familia, sin embargo, no puede iniciar la obra puesto que el Ayuntamiento de Alaior no le concede la licencia con el propósito de que gane tiempo para encontrar una vivienda provisional o definitiva.

«No me fío ya de ningún político;en Alaior al parecer hay una casa cuya propiedad parcial es del Ayuntamiento pero nos dicen que no está habitable».

La familia aguarda el juicio por la demanda interpuesta a quienes les vendieron la casa y a la inmobiliaria que medió en la operación, por presunta estafa. Les reclaman los 149.500 euros más indemnización. Mientras siguen pagando los impuestos y una hipoteca mensual de 475 euros.