Mateu Ainsa, Águeda Reynés y Juan Manuel Lafuente, este miércoles

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El PP de Maó no está descontento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que desestima su recurso por el pago de 1,8 millones de euros municipales a Hidrobal. Interpreta que el hecho de que se le exima del pago de las costas, a lo que le obligaba el fallo en primera instancia, es una forma de que el juez reconozca que «las dudas sobre un asunto complejo eran razonables». Otro de los elementos que les hace sentir satisfechos, según explicó este miércoles Águeda Reynés, es que «hemos parado desde 2017 una subida pronunciada de las tarifas de agua», que ellos estiman en un 19 por ciento. La portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento añade que «no se puede aceptar que Maó factura el agua más cara de la Isla a los vecinos y que siga sin cumplir los parámetros mínimos de calidad».

El equipo de gobierno, que este miércoles celebró el fallo por la desestimación del recurso del PP, tiene previsto revisar la ordenanza de suministro de agua potable cuando entre en funcionamiento la desnitrificadora, que, tal como se indicó ayer, está previsto que entre en actividad en breve.

Este proceso judicial queda cerrado. El PP no se han planteado un posible recurso ante el Supremo, aunque, según Águeda Reynés, «tenemos muchas sentencias que nos indican que podríamos ganar el proceso», porque «no se puede admitir el pago por obras fuera de la concesión» y, añade, «sin encargos específicos y sin control por parte del Ayuntamiento».

Críticas al alcalde

El PP se despacha a gusto en sus críticas al alcalde, Héctor Pons. Le atribuye «ocultar la totalidad del contenido de la sentencia», sobre todo porque «el problema con la concesionaria se creó durante la larga etapa de gobiernos socialistas». Los populares denuncian «el extraño interés del alcalde en defender antes los intereses de una concesionaria concreta, sostenida a fuerza de prórrogas y que está funcionando como un monopolio desde 1989, que unas tarifas ajustadas a su precio real». El PP recuerda que hace 30 años que no se ha convocado un concurso para adjudicar el servicio de suministro de agua potable.

Los populares recuerdan que brindaron apoyo al equipo de gobierno para «mantener una contención de las tarifas», pero el ofrecimiento fue rechazado.