Se investigan 154 amarres del Port de Maó.

Se investigan 154 amarres del Port de Maó. | ARCHIVO

V.M28/07/21 0:40
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La ronda de testificales por la adjudicación de amarres en Maó que investiga el Juzgado de Instrucción 3 de Palma siguió ayer. Fue el turno para que comparecieran antiguos miembros del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Balears, que pusieron pegas a que se adjudicara el concurso a una agrupación de empresas de Menorca que concurrieron bajo el denominación de Marina Asmen y que ganaron el concurso. Entre los testigos de ayer se encuentra el capitán marítimo que votó en contra de la concesión y que se alineó en los consejos de administración con otros dos vocales: el abogado del Estado y el representante de Puertos del Estado.

El capitán explicó que, entre las pegas que le puso a la concesión había algunas de carácter técnico como que se pretendía dar el servicio con dos marineros, algo que a él le parecía insuficiente. Señaló además en el Consejo que la oferta económica tenía algunas sombras. También compareció ayer el representante de la Comunidad Autónoma en el órgano, Josep Mallol, que    anunció además un voto contrario de forma inicial porque pensaba que el número de marineros era insuficiente. Los consejeros también han tenido que responder sobre la tensión en la que se desarrollaron esos consejos en los que, según manifestaron, se notó un enfado del presidente, Joan Gual, por los votos en contra de vocales vinculados con el Estado.

La investigación de este contrato es una pieza de la investigación más amplia en torno a la APB que desembocó en el registro de la entidad en julio del año pasado. La magistrada instructora, Martina Mora, considera que existen indicios de que se manipuló esta adjudicación para beneficiar a empresas menorquinas por posibles presiones políticas.