Medio Ambiente para la actividad en la cantera de Santa Bàrbara de Alaior

La cantera inició la actividad en 1964 y cuatro años después obtuvo permiso de la Dirección Provincial de Industria y Energía de Balears. Desde entonces ha trabajado ininterrupidamente sobre una superficie autorizada de 18,1 hectáreas (181.000 metros cuadrados) adaptándose a las condiciones que la legislación ha ido introduciendo.

Entre esta legislación figuran la Ley de Espacios Naturales de 1991 y el Plan Sectorial de Canteras de 1999. Aunque la que ha tenido más incidencia sobre la actividad a efectos de continuidad ha sido la declaración de Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) del lugar conocido como «Capell de Ferro» en 2006, que afecta a la superficie de delimitación de la cantera en casi nueve hectáreas.

Por otra parte, en 2014 fue aprobada la Ley de Ordenación Minera de las Illes Balears, que no prohíbe el aprovechamiento minero dentro de áreas en las que existan niveles de protección ambiental. Nada de todo ello había influido en la normal actividad de la cantera, que se había consolidado.

Sin embargo, en 1981 se instaló allí la planta de aglomerado asfáltico, una actividad industrial que requería haber obtenido antes la licencia municipal. No se hizo entonces y se ha tramitado esta licencia casi cuarenta años después «y ahí es cuando todo ha quedado bloqueado», reconoce con resignación Juan Mora, uno de los empresarios socios de Gravillas JAC S.A, propietaria de la cantera, una de las más grandes de la Isla.

Recurso

La empresa ha recurrido ya el informe desfavorable de Medio Ambiente ante la Conselleria de Transición Energética y tiene confianza en que sea resuelto en unas semanas. Aduce que no se ha infringido la normativa y que su objetivo es mantener una actividad vital para la construcción. «No trabajaremos hasta que haya un veredicto al recurso», agrega Mora.

La opinión negativa de Medio Ambiente se basa en que el proyecto de explotación prevé continuar con afección a la zona ZEPA, lo que pone en peligro la destrucción de los hábitats asociados. Además, el plan de restauración no contempla una acción inmediata sobre la zona ZEPA afectada hasta ahora y, por otra parte, el volumen de recursos minerales que se ha previsto extraer (dolomías y calcáreas) a lo largo de la vida útil de la cantera resulta superior al que consta como autorizado. Tampoco se ha certificado el valor de las emisiones de ruido, apunta Medio    Ambiente.

«Contamina mucho más el transporte de material de fuera»

«Es un tema importante para Menorca, afecta a recursos propios de la Isla y a su independencia en materia de construcción», declara Cristóbal Marqués, concejal de Urbanismo y Obras Públicas de Alaior. En su opinión, las canteras han de mantener la actividad «dentro de los límites que marca la ley, por supuesto» porque dan servicio a un sector económico estratégico, según su argumento en contra de la paralización de la actividad en la cantera justamente cuando    había puesto en marcha la tramitación de la licencia municipal.

Si el principal factor a valorar es el impacto ambiental, «no cabe duda de que transportar material desde Mallorca o la Península deja tras de sí una huella de contaminación más importante», razona el concejal.

La alternativa de cerrar esta cantera y abrir una nueva «resulta impensable a estas alturas, no es una solución viable», de modo que apuesta por reconducir la situación de la cantera Seguí. Entiende que es una cuestión de interés público y no duda de que podrá reconducirse «porque parece perfectamente compatible la actividad económica con la protección ambiental», señala.