Las licencias de Ciutadella dejan de estar condicionadas por el nuevo plan general

El concejal de Urbanismo, Pere Fiol, asegura que no es esta una circunstancia que preocupe al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella, puesto que considera que no se producirán situaciones lesivas para el contenido del nuevo PGOU. «Esto no tendrá muchas consecuencias prácticas», afirma.

La Ley de Urbanismo de Balears establece, cuando se aprueba de forma inicial un planeamiento urbanístico y pasa así a la fase de exposición pública, una suspensión de dos años para las licencias, con la salvedad de aquellas que sean compatibles con el contenido del documento en tramitación. Se aplica de forma retroactiva para los permisos solicitados hasta tres meses antes de la aprobación inicial.

El periodo de dos años se ha prolongado unos meses puesto que los tiempos de los actos administrativos dejaron de correr durante unas semanas con motivo de la pandemia.

Así las cosas, como ejemplo, una licencia entrada en el Ayuntamiento de Ciutadella a comienzos de 2019 con una edificabilidad excesiva para el nuevo PGOU pero aceptable según los parámetros del plan vigente de 1991 habrá permanecido parada durante este periodo de dos años largos de suspensión, y ahora, desde el 27 de marzo, puede salir adelante. La Ley de Urbanismo establece nuevos plazos de suspensión, de un año como máximo, en el caso de que el documento pase de nuevo por un periodo de exposición pública (que se lleva a cabo cuando hay modificaciones sustanciales en el texto aprobado de forma inicial) o cuando se aprueba de forma provisional.

Pere Fiol niega que esta caducidad de la suspensión se deba a una demora extraordinaria por parte del Ayuntamiento de Ciutadella, «estos procesos de revisión de planeamientos siempre tardan muchos años, es lo normal en otras administraciones, pueden llevar hasta diez años».

Una vez se resuelvan las alegaciones y se incorporen los informes sectoriales, con los que ahora se está trabajando, el texto que se apruebe de forma provisional deberá pasar por la Comisión Balear de Medio Ambiente. Luego el Consell lo aprueba de forma definitiva.