La oferta de viviendas en alquiler es especialmente escasa en Maó, donde la demanda es muy elevada | Gemma Andreu

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Ha pasado más de un año desde que se decretó el estado de alarma por la covid-19 y el mercado menorquín del alquiler residencial prácticamente no se ha movido. Mientras portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa aseguran que a raíz de la crisis sanitaria el precio medio de los arrendamientos ha caído en Balears entre un 7,3 por ciento y un 13,4 por ciento, las inmobiliarias de la Isla afirman que esta tendencia ni ha llegado ni se la espera en Menorca. El enorme desequilibrio existente entre la elevada demanda y la escasa oferta mantiene el precio de los alquileres por las nubes, en un momento en que buena parte de la población –especialmente la más vulnerable– ha visto reducidos sus ingresos y vive una gran incertidumbre laboral.

Si la situación ya era muy complicada antes de la pandemia, ahora la caída de los ingresos disponibles y el mantenimiento de un nivel muy alto de precios lleva a algunas voces del sector a alzar la voz de alarma: «Estamos mejor que Eivissa, pero la situación es muy mala, el problema es dramático», explica Isabel Petrus, gerente de la inmobiliaria Casas en Menorca, quien es clara al afirmar que «no habrá bajada de precios mientras haya mucha más demanda que oferta», un desajuste que provoca listas de espera, viviendas que nunca llegan a entrar en los canales de comercialización porque literalmente vuelan antes incluso de que se vacíen y luchas entre potenciales inquilinos por hacerse con el favor de unos propietarios –sobre todo aquellos que hacen frente a una hipoteca– cada vez más preocupados por los posibles impagos que se puedan producir.

«Los propietarios piden mucho y los inquilinos no pueden pagar», lamenta Luis Armengol, de Fincas Armengol, quien explica que el ‘boom' inmobiliario que explotó en 2008 ha hecho un «daño estructural» en el mercado inmobiliario que «vamos a tardar generaciones en solucionar». Desde luego en los próximos años no se atisban salidas a este entuerto que quita el sueño a muchas familias menorquinas.

José Pons, director comercial de la inmobiliaria Bonnin Sanso, apunta a un problema de base que en los últimos años ha hecho que se dispare la demanda por los alquileres en una isla que «no está preparada para asumir un parque de viviendas de alquiler para todo el año»: la creciente brecha que impide a muchos residentes adquirir una vivienda en propiedad. «La compra es algo impensable para muchos y eso hace que se incremente la demanda por viviendas de alquiler». A ello se le suma una escasísima oferta para todo el año que ni normativas como el veto al alquiler en los núcleos urbanos o la amenaza de expropiación temporal a los grandes tenedores ha conseguido despertar.

Medidas

Pocos consideran que la situación se resuelva con ayudas públicas al inquilino para pagar las mensualidades, una fórmula que viene a enquistar el problema y que incluso tiene un efecto disuasivo para los propietarios a la hora de bajar el precio de los alquileres. Petrus apunta a una posible solución, que la administración se preste a facilitar préstamos y a avalar a los ciudadanos para poder hacer frente a a la parte que los bancos se niegan a financiar a la hora de comprar una vivienda. Los alrededor de 40.000 euros que hay que adelantar se observan como una utopía para los jóvenes que quieren acceder a una primera vivienda: «La solución pasa por sacar del mercado de alquiler a mucha gente que no puede ahorrar».

El sector describe un círculo vicioso en que la gente se ve abocada al mercado de alquiler ante la imposibilidad de comprar por falta de ahorros y ahí ve que con los altos alquileres que se reclaman se hace imposible ahorrar, una pescadilla que se muerde la cola. La gran mayoría de precios no bajan en Maó de los 650 euros, explican desde el sector, cuando hace unos años no era tan complicado encontrar las mismas viviendas en alquiler por 400 e incluso menos y los propietarios «se sienten desprotegidos por las normativas», lamenta Pons, lo que hace que extremen las preocupaciones contratando seguros que imponen condiciones muy complejas y reclamando a los inquilinos hasta dos meses de fianza por viviendas sin amueblar.

Las tres agencias coinciden en que, si más no, en el último año sí que los propietarios están dando algo más de margen a la negociación, pero solo si hallan un perfil idóneo de inquilino que les dé muchas garantías de pago, acuerdos puntuales que no alteran una preocupante realidad para la que no se atisban soluciones ni a corto ni a medio plazo, más allá de las eternas promociones de viviendas protegidas que tampoco dan para satisfacer la creciente demanda.