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El PP ha recogido 1.156 firmas contra la propuesta que impulsa el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maó para cambiar el topónimo de la ciudad y fijarlo en su forma catalana.

«Los ciudadanos, de forma abrumadora y mayoritaria, están pidiendo al Ayuntamiento que supere un asunto ya resuelto mediante una solución conciliadora como fue la aprobación del topónimo bilingüe durante el mandato en que el PP gobernó la ciudad», han señalado este lunes los 'populares'.

La presidenta de la Junta Local, Águeda Reynés, ha recordado este lunes que el topónimo actual vigente «reúne la versión normalizada según la gramática catalana y a la vez consagra la denominación histórica por la que la ciudad, su término y su puerto son conocidos internacionalmente».

Reynés se ha mostrado satisfecha del «respaldo» que ha obtenido la iniciativa que, según ha dicho, «aunque llega canalizada desde el PP pretende sobre todo resolver de una vez por todas una controversia estéril que ha consumido muchas horas de dedicación en detrimento de otros asuntos importantes».

«No sólo eso, sino que la identificación de la ciudad en catalán choca con intereses comerciales, asociativos y hasta el reconocimiento internacional de los códigos aeroportuarios y las matrículas de embarcaciones, que no podrán verse alterados», ha añadido.

Desde el PP han indicado que tienen «sobrados argumentos en la historia y en la costumbre para defender la nomenclatura histórica, que grafía el topónimo con h intercalada, pero acepta en beneficio de una conciliación la forma catalana, según el gusto de una izquierda que se siente comprometida con la ley de normalización lingüística».

El plazo para la presentación de alegaciones se extiende hasta el 19 de abril, de manera que el PP ha confiado en que el número de firmas crezca. «Esperamos que la voluntad de una mayoría de ciudadanos haga recapacitar al gobierno municipal para que éste atienda la petición de mantener la denominación bilingüe Maó-Mahón sin incurrir en complejos ni prejuicios», han remarcado.

La costumbre, justificada a lo largo de la historia, es también una de las fuentes del derecho y los factores emocionales y es obligación de los gobernantes atender al deseo de identificación ciudadana respecto con su lugar de origen o residencia.

El PP sostiene, por todo ello, la voluntad de mantener «una solución integradora, en la que todos los ciudadanos puedan sentirse representados en oposición a una forma única e impuesta que desdice cualquier voluntad de convivencia y tolerancia como valor propio de una ciudad que siempre ha querido presumir de su carácter liberal».