Imagen de la manifestación que se celebró en la Plaça Miranda de Maó en contra del encarcelamiento de Pablo Hasél. | Josep Bagur Gomila

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Pablo Hasél, Valtonyc, Gürtel, Isa Serra, Nelson Mandela, M. Rajoy, la niñera de Pablo Iglesias, Martin Luther King, el Holocausto, Irán, Venezuela, un poema de Pere Xerxa, entre muchos otros, aparecieron ayer en el debate de uno de los puntos más calientes del orden del dia del pleno del Consell. El motivo era una propuesta del PP para apoyar el cumplimiento de las sentencias judiciales y el reconocimiento de la plena libertad de expresión en España, que Ciudadanos enmendó para introducir el respaldo a las fuerzas del orden. Todo ello como consecuencia de los recientes disturbios en las manifestaciones en contra de la entrada en prisión del rapero catalán.

Si la oposición buscaba dividir el voto del equipo de gobierno, importando las discrepancias en la izquierda española, lo logró. Porque la propuesta salió adelante tras ser respaldada por el PSOE, mientras que sus socios de Unidas Podemos y Més per Menorca votaron en contra.

El conseller popular Carlos Salgado lamentó la carta sobre la controversia que Miquel Àngel Maria dirigió al Gobierno central, «todo un conseller no puede apoyar a delincuentes. Todo lo que sea denigrar instituciones españolas les va bien, el odio les da para apoyar a semejantes mentecatos», en relación al rapero de cuya condición de artista dudó. Eugenio Ayuso, de Ciudadanos, defendió su apoyo a quien contiene a los violentos.

La división del tripartito se vio venir cuando cada partido intervino por su cuenta. Si Salgado y Ayuso recurrieron al habitual discurso de que la libertad de expresión tiene sus límites, desde Unidas Podemos Cristina Gómez echó mano a otro argumentario no menos conocido como es la existencia de una violencia mucho mayor y estructural que la quema de un contenedor, con referencias a los desahucios, por citar un ejemplo. «A la libertad de expresión le queda un buen tramo por andar, no hay normalidad democrática», espetó Gómez, al tiempo que instó al PP a dejar «de alimentar al monstruo de la extrema derecha».

Por Més, Miquel Àngel Maria afirmó que condenar artistas por sus letras «es una anomalía democrática», lamentó los disturbios violentos que se aprovechan de manifestaciones legítimas y lamentó la «elevadísima frecuencia de las actuaciones policiales desproporcionadas».

El PSOE hizo un discurso propio de quien gobierna la materia. Bàrbara Torrent expuso que «debemos acatar las sentencias, y si vemos que no son suficietemente justas, llevar a cabo iniciativas para cambiarlas, y en esto está el Gobierno central. Defendemos la libertad de expresión y no podemos compartir que se entre en prisión por ejercer este derecho». Defendió la calidad de la democracia española y rechazó cualquier tipo de «violencia verbal».