Plataforma Casablanca. Operada por Repsol, se encuentra frente a las costas del Delta del Ebro y Tarragona y en una zona ZEPA para las aves

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El Tribunal Supremo ha avalado la prórroga para otros diez años de la explotación petrolífera en una zona protegida ubicada en el norte de Menorca. Después de que el Consejo de Ministros otorgara en 2018 a Repsol la segunda y última concesión de explotación de hidrocarburos de la plataforma Casablanca, ubicada frente a las costas de Tarragona, la Aliança Mar Blava presentó un recurso que ahora ha sido desestimado por la justicia y, por tanto, permite alargar la vida a esta plataforma hasta 2028.

El Consell no ha tardado en reaccionar lamentando la decisión del Tribunal Supremo con una sentencia que «va en contra de los principios de la Reserva de Biosfera y de una isla que tiene la reserva de biosfera marina más amplia del Mediterráneo». Por otro lado, considera que la decisión choca frontalmente con la estrategia Menorca 2030 que apuesta por la descarbonización del sistema energético en los próximos años. Además, manifiesta que la sentencia supone «un ataque a la biodiversidad marina». El Ejecutivo insular lamenta profundamente que «se permitan seguir con las actividades de extracción de energías fósiles en el Mediterráneo sin que hayan pasado nunca por una evaluación ambiental». Y es que, para el caso de la plataforma petrolífera Casablanca, ni fue sometida a este trámite cuando obtuvo la concesión inicial, ni tampoco para la primera prórroga ni para esta segunda ahora reconocida.

Esta plataforma petrolífera se encuentra dentro de una de las Zonas de Especial Protección para las Aves más importantes del Mediterráneo. Es un sitio de alimentación de la mayoría de las aves que anidan en Balears y, por tanto, desde la Aliança Mar Blava aseguran que «necesita medidas cautelares de prevención adecuadas para su conservación». Entre estas aves se encuentra la pardela balear, catalogada como en peligro crítico de extinción según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y según el Libro Rojo de las aves de España. Además, se encuentra a escasas millas del corredor Mediterráneo de migración para los cetáceos.

La organización ya ha anunciado que acudirá a la Comisión Europea por lo que considera un claro incumplimiento. La realización de una evaluación ambiental previa está exigida por el Derecho de la Unión Europea respecto de los espacios de la red Natura 2000. Pese a ello, el Tribunal Supremo rechaza esta exigencia porque dice que «no existe un proyecto, una actividad nueva, desoyendo de esta manera lo afirmado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», concluye.