La Sindicatura cuestiona pagos del Consell de Menorca por importe de 3 millones

En el informe, la Sindicatura expone que ha identificado gastos, por un importe aproximado de 2.069.000 euros, en los cuales «no consta que se hayan cumplido los procedimientos establecidos en la normativa de contratación». Añade que, principalmente, esta situación deriva del uso recurrente de los contratos menores y de «la contratación de bienes y servicios por un importe individual superior a los límites establecidos» en la regulación de esta fórmula administrativa. En la relación de pagos cuestionados por esta incidencia aparecen unas cuarenta empresas que en 2018 facturaron al Consell importes que oscilan entre los 21.000 y los 188.000 euros.

En las alegaciones presentadas a este documento, el Consell expone que se debería analizar si efectivamente los expedientes corresponden a contratos menores y, en el caso de ser así, si se da la circunstancia de que son adjudicados «por la misma unidad funcional o por unidades funcionales separadas» de la estructura administrativa del Consell. En cualquier caso, estos dos millones de euros que cuestiona la Sindicatura son la cifra más elevada de cualquier consell de Balears, puesto que Eivissa se queda en 1,8 millones, Mallorca en 1,2 millones y Formentera en 1,1 millones de euros.

Por otro lado, el informe de la Sindicatura correspondiente al ejercicio 2018 asegura haber detectado facturas por un importe de 908.000 euros «que exceden el importe de los contratos originarios y de los cuales no consta cobertura contractual». La incidencia sobre las partidas recogidas en los presupuestos es del 11,8 por ciento. Estos contratos corresponden sobre todo a servicios como seguridad, suministro de energía o telefonía. El Consell explica al respecto que debería poder analizar cada caso concreto para que no se incurra en indefensión, pero que, de entrada, es muy complicado ajustar el coste de servicios de este tipo.

Como en el caso anterior, los otros consells de Balears se mueven en cifras más bajas en cuanto a este reparo. Así las cosas, Eivissa ve cuestionados excesos en los costes por valor de unos 730.000 euros y Mallorca se queda en 47.600 euros.

El informe también pone en cuestión aspectos formales de contratos de considerable importancia, como por ejemplo la adjudicación del servicio de ITV, cuyos precios, indica, deberían regularse por una ordenanza. Pese a ello, en sus conclusiones, indica que por lo general la actividad contractual del Consell se llevó a cabo en 2018 «de conformidad con la normativa legal aplicable». El Consell suscribió en ese periodo 37 contratos no menores por un importe total de 18,8 millones de euros.