Los ayuntamientos podrán prohibir nuevas plazas turísticas en los pueblos

Así figura en el artículo 53 del texto normativo, en el que se especifican los motivos que pueden llevar a los ayuntamientos a aplicar su propia zonificación a través de la aprobación de modificaciones en sus planeamientos urbanísticos. Lo harán «al objeto de evitar la expulsión de población residente en esos núcleos tradicionales», así como la llamada suburbanización o residencialización de los espacios turísticos» y para garantizar la sostenibilidad de la utilización de las infraestructuras y redes existentes, el acceso a los equipamientos comunitarios, así como para velar por la preservación de la identidad y las tipologías edificatorias características de una zona.

En la práctica, la norma deja a la voluntad de los ayuntamientos poner freno a la expansión de la oferta turística en los pueblos. Cabe tener en cuenta que sobre todo en los centros urbanos de Maó y Ciutadella han proliferado en los últimos años los establecimientos de interior.

El nuevo PTI, por contra, suaviza (en relación al avance marzo de 2019) las condiciones de autorización de nuevas edificaciones destinadas a albergar nuevas plazas de alojamiento. Se mantiene la necesidad de incorporar una calificación energética de clase A, pero se reduce el nivel de autoconsumo, que antes exigía la autosuficiencia y ahora se queda en un 40 por ciento de las necesidades eléctricas anuales.