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El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Maó busca apoyos para que la Proposición de Ley que busca frenar la ocupación ilegal de viviendas y se debate en el Congreso salga adelante. Para ello ha presentado una propuesta de acuerdo dirigida a todas las fuerzas políticas pero en especial a las que tienen representación en la Cámara Baja. La portavoz, Águeda Reynés, defenderá la necesidad de modificar la normativa vigente y corregir «lo que ha derivado en un auténtico problema social y de convivencia» a raíz de la apropiación de viviendas que provoca en muchos casos «indefensión de las víctimas», señala el PP en una nota de prensa.

La iniciativa en el Congreso persigue garantizar el derecho a la propiedad, combatir la ocupación ilegal, permitir el desalojo policial de una vivienda ocupada en un plazo máximo de 24 horas y establecer mecanismos disuasorios, como pena de sanción económica e incluso privación de libertad de un o a tres años por usurpación de bienes.

Reynés intentará convencer al Consistorio de la necesidad de rebajar la alarma social por este fenómeno que deriva en otro tipo de actividades ilegales. Otro aspecto destacado reside en anular la posibilidad de que los okupas se inscriban en el padrón municipal con domicilio en la vivienda en la que han entrado. Destaca el PP que la Proposición de Ley no regula los alzamientos hipotecarios ni de arrendamiento, de forma que «se diferencia perfectamente entre los okupas y las personas que eventualmente puedan pasar por problemas económicos». El acuerdo municipal se trasladará al Gobierno, al Ministerio de Justicia, a la FEMP y a los grupos parlamentarios.