La caducidad del expediente se firmó en diciembre de 2017.

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Dos años y medio de gestiones y resoluciones judiciales han sido insuficientes para que el expediente de caducidad de la concesión del principal bloque de amarres del Moll de Llevant del puerto de Maó se traduzca en su ejecución material, es decir, en el desalojo de la empresa Trapsa Yates de unos pantalanes con los que hace negocio desde 2008 a cambio de un importante canon anual.

A finales del año pasado, desde Autoridad Portuaria de Balears se daba el tema como prácticamente resuelto, toda vez que la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears había levantado una medida cautelar dictada por la Audiencia Nacional sobre la ejecución del desahucio.

No obstante, Trapsa Yates no se da por vencida en su pugna judicial con el ente gestor del puerto de Maó, por lo que el TSJB tiene en estos momentos dos contenciosos más pendientes de resolver. Hasta que no se emita una resolución relativa a estos dos procedimientos, no se puede en principio materializar la salida de la empresa de los amarres. Uno de los contenciosos hace referencia al expediente de caducidad de la concesión y un segundo a la orden de desalojo.

La tortuosa historia se remonta a diciembre de 2017, cuando Autoridad Portuaria de Balears revocó la concesión a a Trapsa Yates de la explotación de los 165 amarres del Moll de Llevant. El motivo radicaba en una acción no permitida en el contrato, como era la cesión de una parte de la concesión entre el accionariado de la sociedad sin haber tramitado la correspondiente autorización. Entonces se fijó un plazo de un mes para que la empresa dejara los amarres, con la intención de volver a adjudicar la gestión de los puntos de atraque en un corto plazo de tiempo.

Pero no lo hizo, e intentó defender sus intereses mediante los recursos administractivos y posteriormente en los tribunales. En distintas ocasiones ha parecido que el asunto se desatascaba, como cuando en mayo del año pasado se levantó la paralización de un proceso solicitada por la Audiencia Nacional, con voz en la administración de la empresa por sus conocidas dificultades.

La demora de la ejecución efectiva del expediente de caducidad se sigue con atención desde las oficinas del Club Marítimo de Mahón, que en diversas ocasiones ha mostrado interés y dado pasos para recuperar la gestión de unos amarres, algo clave para su futuro.