El pleno extraordinario se celebró el jueves por vía telemática. En la imagen, algunos de los concejales

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«Hace tiempo que estamos trabajando en medidas para reducir los efectos adversos que la crisis provocará sobre la economía, reestructuraremos partidas para ir directas al covid-19», aseguraba la alcaldesa de Ciutadella, Joana Gomila. Dicho y hecho. El pleno extraordinario celebrado telemáticamente el jueves aprobó una transferencia entre partidas para derivar 326.000 euros del presupuesto reservado para las fiestas de Sant Joan a medidas de estímulo comercial. En concreto, la cuantía se destinará mayoritariamente (300.000 euros) a la ya anunciada convocatoria de ayudas para el pequeño comercio y que cuenta con un presupuesto global de 560.000 euros (260.000 euros los aporta el Consell).

Hay que indicar que Ciudadanos había presentado una moción en este mismo sentido que también fue apoyada por el equipo de gobierno en la línea de que «ya lo estamos haciendo», indica Gomila. Además el pleno también aprobó una modificación de crédito para incorporar los primeros 700.000 euros (del millón previsto) del superávit de 2019 a fines sociales.

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Estas medidas que ya se materializan forman parte del plan de medidas sociales y económicas que contempla 66 acciones repartidas en siete grandes bloques. Consensuado con todos los grupos municipales después de haber puesto «en el centro de nuestras políticas a los ciudadanos, por encima de ideologías», este plan contempla un aumento de la atención a las personas vulnerables, así como la apuesta por la obra pública por valor de más de 4,5 millones de euros, de los que 1,6 millones se destinarán a la mejora de las urbanizaciones.

Por otra parte, el pleno aprobó la moción de Ciudadanos (enmendada) de solicitar al Govern que con carácter excepcional no cobre el agua desalada que no se haya suministrado. Ya hay conversaciones con Abaqua para este y otros asuntos, aunque la moción «reforzará la petición». La concejal Noemí Camps indica que «la coyuntura actual no era predecible», de ahí que deba adaptarse el convenio, ya que la bajada de consumo prevista «no es imputable ni a Abaqua ni al Ayuntamiento».