Control de la Guardia Civil a la salida de Ciutadella | Josep Bagur Gomila

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Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las policías locales han impuesto ya un total de 267 sanciones por desobediencia al decreto que regula el estado de alarma decidido por el gobierno de la nación el pasado 14 de marzo.

Tanto el Cuerpo Nacional de Policia como la Guardia Civil y las policías locales de los ocho municipios de la Isla dejaron transcurrir los primeros días para emplearse, preferentemente, en la información a los ciudadanos sobre las restricciones recogidas en el decreto, encaminadas a impedir la propagación del coronavirus. Sin embargo a mediados de semana ya recibieron las instrucciones precisas para combatir la picaresca y comenzar a elevar actas administrativas por el delito de desobediencia.

El Centro de Coordinación Operativa Nacional transmitió entonces a policías y Guardia Civil que se debía «dar por finalizado el plazo de pedagogía con la ciudadanía y, en consecuencia, denunciar decidamente cualquier infracción a las restricciones establecidas por el estado de alarma».

Hasta ayer Maó era el municipio que acumulaba un mayor número de actas administrativas con un total de 112. Los agentes de la Policía Nacional habían puesto 64 y la Policía Local 48.

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En Ciutadella se habían acumulado 73, de las que 21 correspondían al CNP y 52 a la Policía Local. Por cantidad siguen a ambos municipios el de Alaior con 38 sanciones por desobediencia, a cargo de la Policía Local, mientras que la de Ferreries ya ha puesto 6, la de Es Castell 4 y la de Es Mercadal 2, en este último municipio, ambas el pasado domingo después de avisar reiteradamente a la ciudadanía. La Policía Local de Sant Lluís ha puesto otras 2.

La Policía Local de Es Migjorn es la única de la Isla que no ha precisado extender ninguna multa a los vecinos del pueblo.

La Guardia Civil, por su parte, ha levantado alrededor de 30 multas, muchas de ellas por ocupaciño de más de una persona en vehículos.

Además de este motivo común, el resto de fuerzas policiales han impuesto las sanciones a ciudadanos que transitaban por la vía pública, por el campo o la playa sin tener una justificación para hacerlo, y por tanto, no respetaban las normas de relaciones sociales por las que no se pueden reunir más de una persona en espacios públicos.

La cuantía de las multas por infracción a la Ley del Sistema de Protección Civil son consideradas graves y oscilan entre los 1.500 a 30.000 euros.