La organización ecologista GOB cree que se debe revisar minuciosamente el expediente del parque acuático de Biniancolla para «poder averiguar qué compromisos asumió el promotor en la prometida desestacionalización, que entonces no se ha dado», y también analizar «si tiene sentido iniciar algún proceso penal por las escandalosas decisiones que se tomaron». Así ha reaccionado la entidad en su web tras hacerse público el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en el que ratifica la nulidad de la declaración de interés general concedida al acuapark de Sant Lluís, que abrió sus puertas en mayo de 2015.
El GOB propone analizar la vía penal en el caso del ‘acuapark'
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35 comentarios
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Creo que debería exigir la responsabilidad penal a los que votaron a favor y no tuvieron en cuenta el informe jurídico y técnico de los funcionarios. La responsabilidad de los políticos , no de la Institución, ya con actuaron libremente , sabiendo que había indicios de ilegalidad. Pagando de sus boilsillos y con cinco años de cárcel se arregla un poco la corrupción-
Cesgarden es un caso de tener que indemnizar por un bien publico, para que seguira siendo espacio natural. Biniancolla es un caso de favorecer a un particular, interpretar la ley en beneficio privado. Es muy diferente. Ambos casos demuestran que es correcto que la Administración sea lenta y que ponga muchos tramites, algunos darian carta blanca. Mejor lenta, que no rapida y que prevarique, dando licencias donde se perjudica a otros negocios. Toca asumir responsabilidades!!!
"No hi ha res mes castigat que sa boca". i sa llengua!!. La sr. Vidal sempre criticant a tothom ella donya Perfecte, ido mira, com els polítics catalans als que tant denosta, els tecnics be que la van avisar, els informes eren ben entenedors... . La Presidenta del Parlament de Catalunya es a la presó per cometre una illegalitat per no escoltar als serveis juridics......
Y no tendrian que preocuparse mas los del GOB por el estado de dejadez y abandono de los terrenos colindantes al Aquapark donde antiguamente se podia pasear y ahora es imposible pasar por la cantidad de matorral y porqueria acumulada que solo atraen ratas? Y con el consiguiente peligro de incendios.
Señores del gob, preséntese en las próximas elecciones y saldremos de dudas.
Soy vecina de este parke y nos encanta que biniancolla este viva llena de vida este espacio estaba lleno de Ratas que los del gob deberían saber que es suciedad y porquería lo que había pero a ellos poco les importa la Porquería quieren su silla y su paga también podrían mirar una lavandería propiedad de el señor este del gob que tira agua raudales y jabón al mar porque no investiga el gob cuanta agua tiran sis máquinas? He carlis?
GOB y MESxMenorca juntos en la misma noticia. Que raro!.
Enhorabona al Gob per sa gran feinada que fa,gràcies.
Señores, quien ordena la demolición no es el GOB, son dos sentencias consecutivas de los tribunales de justicia. El GOB precisamente estuvo advirtiendo del grave error que se cometía al dejar hacer un parque acuático en una zona protegida. Y ahora va a tener que pagar el Consell, o sea, todos nosotros. A quien hay que señalar es a los políticos que firmaron esta autorización surrealista y a los promotores que se vieron beneficiados. El GOB, una vez más, tiene toda la razón. Que se investiguen las responsabilidades penales.
El problema de los peperos de Menorca (que no menorquines) es que a día de hoy siguen sin entender a los menorquines, no cuajan porque no son capaces de regir la sociedad menorquina según lo que nosotros entendemos que es Menorca y lo que debe ser. Si a esto le añadimos que por ese partido han desfilado personajes que han obviado el principio de legalidad, o que han ostentado cargos para beneficiarse personalmente del supuesto prestigio que les otorga el cargo, el resultado es el que vemos. Por esto, apoyo la iniciativa del GOB, creo que es síntoma de una sociedad madura el depurar en los tribunales de justicia las responsabilidades personales de quien haya podido incurrir en un delito, si es el caso. Y si así es, que pague de su bolsillo las consecuencias económicas de su actuación meramente personal. El interés público está muy, pero que muy por encima de la ambición o la codicia de cualquier particular que haya tomado decisiones públicas sin respetar la legalidad.