Cada uno de los organismos relacionados con la crisis originada a raíz de los diez ciudadanos argelinos llegados en patera defiende su actuación, aunque todos saben también la frustración que ha generado la gestión del caso. Una cosa, reconocen, es actuar según el reglamento establecido y otra, la dimensión humana.
El criterio de la Delegación del Gobierno de dejarles en libertad primero y detenerlos después para trasladarlos a un centro de acogida parece, de entrada, incoherente. Isabel López Manchón se explica: «Son detenidos el primer día y documentados, se pide plaza en un Centro de Internamiento de Extranjeros, se les deja en libertad provisional. Cuando Palma comunica que hay plaza, los cuatro adultos localizados son detenidos y enviados a un centro de Madrid, donde esperan para ser repatriados».
Asegura que no ha habido cambio de criterio, «sino de circunstancias» y que fueron atendidos «lo mejor que se pudo», aunque esa es otra dimensión del problema.
El Consell tiene bajo su tutela en la Casa de la Infancia a los dos menores del grupo llegado a la costa de Biniancolla el 13 de agosto. La consellera de Bienestar Social Bárbara Torrent señala que sobre el resto se han mantenido en contacto con los servicios sociales de Maó, dado que fueron albergados en la Casa de Acogida. «Nosotros no tenemos competencia específica, pero hemos hecho un seguimiento directo», asegura.
Escuchó en directo las críticas de la plataforma Benvinguts Refugiats y reconoce que se puede mejorar. La crisis que ha provocado el caso será analizada en una próxima reunión en la que participarán todos los organismos implicados en estas acciones.
El Fons señala que actualmente está contribuyendo a solucionar el problema de la vivienda pagando el alquiler a través de los servicios sociales municipales a personas que han pedido asilo y gozan de protección internacional. Eso ocurre durante los primeros seis meses, tras ese plazo obtienen el permiso de trabajo. Casi todos los que están en esta situación proceden de Venezuela y Colombia.
Desde este organismo defienden que solo pueden ayudar a personas con ese tipo de protección, «no podemos entrar en personas en situación irregular», señalan fuentes del Fons. Con ello se alude a la idea de los argelinos de llegar a Francia, por lo que no les interesaba una protección en España que les impidiera seguir a su destino soñado. La Plataforma les había solicitado dinero de bolsillo para que pudieran marchar los argelinos, como era su deseo.
«Todo el que llega huye de algo y no se le puede ayudar si no está en situación regular», reconocen desde el Fons, que preparó un protocolo de acogida para los refugiados de la guerra y ahora llegan en patera.
