La central tiene poco más de un año para cumplir con la UE | Gemma Andreu

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El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, expresó este martes sus dudas de que la central de Maó llegue a tiempo para reducir sus emisiones antes del 31 de diciembre del año que viene, la fecha límite que marca la directiva europea de emisiones industriales. El Gobierno ha aprobado una inversión de 18,5 millones para adaptar tres de las turbinas de la térmica y hacer llegar agua desde la depuradora del levante menorquín. La duda sobre si el plazo de ejecución de ese proyecto se ceñirá al calendario exigido es relevante, si se tiene en cuenta que de no hacerlo, parte de los motores de generación de la central serían clausurados, imposibilitando la cobertura de la demanda eléctrica de la Isla.

Pons expresó esas dudas, con un «no sabemos si llegaremos», durante su intervención en la interpelación presentada por el Grupo Popular sobre la crisis eléctrica de Menorca que se hizo patente tras el cap de fibló del 28 de octubre y posterior apagón. El debate no aportó nuevos argumentos de unos y otros y llevó a la diputada popular Margaret Mercadal a volver a exigir la dimisión de Pons, al que responsabiliza de lo ocurrido. El principal argumento de los populares, que acusan al conseller de «mentiroso compulsivo», es que Pons no hizo todo lo que estaba legalmente en su mano para mejorar el plan de contingencia.

Cinco meses de avances

Por su parte, el conseller menorquín reiteró que sí hizo lo que estaba en su mano y defendió que era potestad del Gobierno establecer el alcance del plan de contingencia y que en cinco meses de Gobierno socialista se han logrado grandes avances, como la aprobación de partida para la adaptación de la central de Maó, la inclusión en la planificación energética del segundo cable de interconexión submarina, la autorización a Red Eléctrica para empezar el primer enlace y la autorización de la conexión a la red de la ampliación parque solar de Son Salomó.