El centro base de atención, ubicado en la calle Vives Llull de Maó. | Gemma Andreu

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El servicio de valoración de la discapacidad del centro base de Personas con Discapacidad y Dependencia de Menorca se ha vuelto a atascar. No hay médico en Menorca que quiera ocupar la plaza y desde mediados de agosto la Isla no dispone de galeno que realice las valoraciones.

La Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación confirma con claridad y sin ambages las dificultades que tiene el departamento para cubrir estas plazas, tanto en Menorca como en Eivissa y Formentera. Y es que, están dotadas y cuentan con la financiación respectiva, pero no hay profesionales dispuestos a cubrirlas. En Balears hay nueve puestos de médico dotados económicamente. Pero solo cinco están ocupados, todos ellos situados en Mallorca.

La Conselleria desplaza, desde verano, a un profesional de Mallorca. Los cinco galenos que trabajan en el departamento se encargan de dar cobertura a las cuatro islas. No obstante, para poder realizar las valoraciones en Menorca, Eivissa y Formentera, se ha acabado arrastrando a Mallorca que también acumula demoras.

El Govern confirma que se da cobertura al servicio en todas las islas, aunque a un ritmo que no es el adecuado. Los expedientes van tramitándose, aunque a cuentagotas. «No podemos negar el problema, la Conselleria está buscando soluciones», asegura el Ejecutivo. El bolsín que se creó para poder disponer de profesionales interesados se ha agotado. Nadie ha aceptado la plaza.

El profesional que viene de Mallorca intenta desplazarse una vez por semana, aunque todo depende de factores como la disponibilidad y la agenda del médico, y las reuniones y citas programadas de los usuarios.

Una persona afectada por la situación asegura que lleva nueve meses esperando a ser llamado. Presentó la solicitud en marzo para iniciar la evaluación del grado de discapacidad de su hija y «todavía estamos esperando». Lamenta que «cada mes que pasa nos estamos perdiendo las posibles ayudas, reconocimiento y beneficios del grado de discapacidad». Los servicios que necesita están siendo asumidos por la familia, denuncian, puesto que no cuentan con el grado de discapacidad reconocido.

No es una situación nueva para la Isla. Esta falta de profesionales ya azotó el servicio a mediados de 2016 cuando el Govern tuvo que activar un plan de choque para desatascar la demora en la resolución de los expedientes. En aquel momento coincidieron dos bajas laborales, la del médico y la psicóloga. Entonces, el Ejecutivo optó por contrataciones externas de profesionales autónomos hasta regular la situación.