Incertidumbre. Esa es la palabra que mejor define el ambiente que se vive en las notarías de Menorca, donde se ha producido un parón en el número de escrituras hipotecarias que se firman después de la sentencia del Tribunal Supremo publicada el pasado día 18, que obligaba a los bancos a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, y que después paralizó con carácter urgente, tan solo 24 horas después. A la espera de que el pleno del Supremo se pronuncie el día 5 de noviembre, los bancos han dado un frenazo en seco en las operaciones que tenían en marcha. Recalculan sus posibles beneficios en caso de que tengan que asumir el impuesto, después de que la sentencia les haya provocado ya la pérdida de cerca de 8.200 millones en bolsa.
«Los comentarios que nos llegan es que los bancos tienen orden de suspender operaciones y esperar», comentaba ayer un conocido notario de la Isla. Algunas notarías han pasado de firmar casi una decena de hipotecas en la semana anterior a la sentencia, más corta por el festivo nacional del día 12, a no tener ninguna firma prevista esta semana.
Las operaciones que ya estaban cerradas, solo pendientes de la firma de la escritura pública, se han respetado en la mayoría de los casos consultados, informando a los clientes y haciendo constar la situación, es decir, que hasta el día 5 de noviembre –un plazo que algunos profesionales critican por considerar excesivo–, no se sabrá si el impuesto sobre el valor escriturado lo pagarán los bancos o los hipotecados. Estos últimos, según la decisión del Supremo, podrán luego ejercer su derecho a reclamar.
«Esta sentencia lo que ha provocado es inseguridad jurídica, hasta ahora la doctrina era considerar como sujeto pasivo al prestatario, cambiarlo de un día para otro ha generado incertidumbre y alarma», señalan en otra notaría de Llevant.
En Ciutadella, Es Mercadal y Alaior se confirma que la decisión del tribunal ha congelado la compra-venta de fincas. «Se ha parado de una forma bastante radical, hemos firmado todas las concertadas pero han dejado de entrar nuevas operaciones, hasta el día 19 se firmaban varias escrituras al día y esta semana llevamos dos o tres, esperamos que luego se reactive», afirmó ayer un oficial de una notaría de Ciutadella. Hubo casos en los que a primera hora de la mañana del viernes 19 se firmó una escritura, con el banco obligado a pagar el impuesto, y a mediodía la situación había cambiado. «Hay clientes que quieren firmar, a lo mejor llevan tiempo luchando por esa casa», asegura una notaria, «todo queda pendiente de lo que ocurra el día 5».
Además de aclarar quién debe pagar este gravamen, queda por dilucidar a cuánto podría ascender la factura para la banca, y eso dependerá de si hay retroactividad o no, es decir, si solo podrían reclamar las hipotecas de los últimos cuatro años o a todas las hipotecas vivas. La normativa que desviaba a los clientes la carga fiscal del impuesto y que tumbó la sentencia del Supremo estaba vigente desde 1995.
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