Más de 8.000 personas salieron a la calle en Maó el 29 de septiembre de 2013 | Gemma Andreu

TW
7

Han pasado cinco años. Algunos de los actuales alumnos ni siquiera habían nacido. Otros muchos ni se acordarán de aquello. El cuestionadísimo decreto TIL de lenguas no existe. El Govern es de otro color. En las aulas de la Isla impera, en líneas generales, la tranquilidad. Nada que ver con aquel verano y comienzo de curso escolar de 2013. La movilización de la comunidad educativa fue entonces inédita, histórica, abrumadora, masiva, con aulas casi vacías en los días de huelga y una manifestación en Maó, el 29 de septiembre, con más de 8.000 personas en la calle. Pocos precedentes hay en Menorca de tal movimiento de protesta y de tal tensión en un ámbito concreto, como en este episodio fueron los colegios e institutos.

La denominada marea verde pasó, el TIL desapareció y los colectivos que aparecieron para impulsar las acciones contra el Govern se han ido diluyendo en mayor o menor manera. Otros con presencia más estructural, como sindicatos y asociaciones de padres, han perdido respecto a entonces presencia mediática, vocación de combate, y han regresado a sus tareas más convencionales, propias de un marco de normalidad.

Aunque para muchas personas todo aquello puede ser algo confinado en el pasado, algo que se recuerda con orgullo (o con rechazo, según quien lo haga), de la movilización de la marea verde y todo lo que la rodeó quedan todavía cabos sueltos, cuentas pendientes, procesos inacabados.

A la espera de juicio

Aquel verano de 2013 todavía colea, y de qué manera, para Jaume Bonet, Rafael Andreu y Margarita Seguí. Los entonces directores de los tres institutos de Educación Secundaria de Maó se convirtieron en pleno verano en protagonistas principales de la controversia educativa cuando fueron expedientados y suspendidos por la Conselleria con motivo de su actitud a la hora de tramitar el TIL en sus centros.

Los expedientes se archivaron, pero los tres directores presentaron una querella contra algunos de los cargos de la Conselleria de Educación de entonces a los que consideraron responsables de haber estado casi dos meses suspendidos como profesionales y medio año sin poder ejercer como directores.

La querella no se ha resuelto, a pesar de que se formalizó en abril de 2015. De hecho, ni hay fecha fijada para el juicio. Las declaraciones de los denunciados acabaron en mayo de 2017, en parte por el aplazamiento continuado de la comparecencia ante el juez de quien sospechan que fue el arquitecto de unos expedientes, según los querellantes, arbitrarios, iniciados para atemorizar a la comunidad educativa: Guillem Estarellas. Fuentes cercanas al proceso comentan que en junio acabó el primer plazo para finalizar la instrucción del caso, pero el juez optó por prorrogarlo. Los denunciantes buscan un resarcimiento moral, cerrar aquel triste episodio de una forma definitiva. Solo Bonet continúa como director en el IES Cap de Llevant.

A la espera de acuerdo

Otro asunto que todavía colea de aquel verano de 2013 es la elaboración de una ley educativa de consenso, que emane del trabajo realizado por Menorca Edu21, primero, e Illes per un Pacte, después. Ayer mismo en el pleno del Parlament, Josep Castells, activista entonces y diputado de Més per Menorca ahora, interrogó a la presidenta Francina Armengol al respecto. Tampoco se intuye una resolución cercana en el tiempo. La propuesta del colectivo, que surgió aquel mismo verano en paralelo a las protestas, todavía transita por las laberínticas ponencias y comisiones de la Cámara. Castells y los artífices piden prisa. El Govern se lo toma con calma y formalidad para, dice, fortalecer el consenso, una vez escenificado, al principio del mandato, su apasionada afinidad con el texto. Pese a todo, el consenso se antoja todavía difícil, y no solo entre los partidos. Los sindicatos le ven pegas en aspectos relevantes. Cabos sueltos, y bien sueltos.