Desde la patronal hotelera aseguran que este año ni tan siquiera ha habido asociados que les hayan solicitado un seguimiento del tema, un síntoma evidente de que la problemática, que en temporadas pasadas hacía que el teléfono de la asociación de hoteleros sacara humo, ha dejado de ser un asunto prioritario: «Han bajado muchísimo las reclamaciones falsas», confirmaba ayer la gerente de Ashome, Azucena Jiménez, aunque todavía no disponen de datos oficiales que corroboren una impresión generalizada entre el sector.
Las gestiones a todos los niveles que desde el año 2016, el clímax de la crisis de las falsas intoxicaciones, ha llevado a cabo la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), la gran patronal de la que forma parte la asociación menorquina, han dado sus frutos, con cambios legislativos que han puesto cerco a las empresas especializadas en reclamaciones, acuerdos con turoperadores para no ponérselo fácil a los clientes que buscan pagarse las vacaciones y con la judicialización de los casos más flagrantes, que han hecho verle las orejas al lobo a los turistas.
Los primeros en avanzarse a la situación fueron los turoperadores, con la aprobación y aplicación de protocolos para evitar lo que estaba ocurriendo hasta el momento, que sin exigir un mínimo de pruebas de la enfermedad –generalmente gastroenteritis– se aceptaban las reclamaciones y se descontaban directamente a los grupos hoteleros. La exigencia de comprobantes médicos, y no solo de facturas de medicamentos incluso sin receta, ya ha supuesto un avance en el problema.
Disuadir a los turistas británicos que se dejaban seducir por los cantos de sirena de los llamados abogados pirata era otro de los frentes abiertos. En ese sentido, las denuncias interpuestas por algunos hoteleros han hecho que turistas que han reclamado falsamente terminen condenados. Un tribunal de Liverpool dictó en octubre del año pasado la primera sentencia de cárcel por el fraude de la diarrea. Todo un aviso para navegantes.
El gobierno británico también ha contribuido, con campañas advirtiendo de los peligros de denunciar falsamente y de las consecuencias penales –hasta tres años de prisión– que podía tener tanto en España, como en Reino Unido.
Honorarios
La última medida, que ha atacado directamente al negocio que se había generado a alrededor de estas reclamaciones, se tomó el mayo pasado, la aprobación de una modificación legal que corregía la aprobada en 2012 y que pone límite a los honorarios que los abogados pueden recibir por este tipo de causas, así como al elevado coste de litigar para los mayoristas denunciados, que hacía que saliese más a cuenta pagar que defenderse en los tribunales. La actividad de estas empresas se ha reducido al mínimo. Todo parece indicar que es el fin de la pesadilla.
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